Agencia EQR
COZUMEL, Q. ROO.- El Ayuntamiento de la Isla de las Golondrinas, contraería “deuda o compromiso de pago” de más de 36 millones pesos a pagarse en mensualidades de más de 1 millón de pesos por el alumbrado público.
El Proyecto de “Eficiencia y Sustentabilidad Energética del Municipio de Cozumel” que aseguran se pretende que la alcaldesa le apruebe su cabildo si genera “deuda o compromiso de pago” y es de 36 millones 939 mil 600 pesos a pagarse en mensualidades de 1 millón 273 mil 779 pesos con 31 centavos.
El ayuntamiento de Cozumel que encabeza Perla Tun Pech nuevamente ha señalado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, emitió dictamen en el que se deja aclarado que el proyecto es a cargo de la Secretaría de Energía, y con beneficios en especie a favor del Municipio, por lo que no se genera deuda a cargo del Municipio por el Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios.
Sin embargo, esto no podría ser cierto ya que el ayuntamiento generara un compromiso de pago de más de 36 millones de pesos que deberá cubrir en mensualidades de más de un millón 200 mil pesos durante 29 meses, que deberán pagarse a partir de abril de 2019 hasta agosto de 2021, excediendo la temporalidad de su administración y dejando este compromiso para la próxima administración pública.
Una prueba más de la “deuda o compromiso de pago” que pretende el ayuntamiento de Cozumel es la contradicción que ellos mismos se hacen, ya que en la solicitud que realiza Perla Cecilia Tun Pech al honorable cabildo es el aprobar este proyecto así como después enviarlo a la legislatura del estado para su consideración, si bien, no se contraria deuda pues no se debe aprobar por la legislación local tal y como lo indica el documento enviado al mismo ayuntamiento firmado por Antonio Medellin Ruiz, director general adjunto de deuda y análisis de la hacienda pública local, en donde indica que tiene una excepción prevista en la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios por lo que los municipios beneficiados no están sujetos a solicitar autorización de las legislaturas locales.
