El PAN impulsó una propuesta para que los bienes asegurados a mandatarios acusados de enriquecimiento ilícito se destinen a resarcir daños en entidades
CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado impulsará una reforma para aplicar la extinción de dominio a los bienes de los gobernadores corruptos, con la finalidad de reintegrarlos a las arcas de los estados defraudados.
Los recursos obtenidos por los decomisos al crimen organizado, indicó la senadora Pilar Ortega, son destinados a la prevención y tratamiento de adicciones, por estar relacionados con el narcotráfico y otros delitos como el secuestro y la trata de personas.
Sin embargo, consideró que es necesario establecer un destino claro para los bienes que son asegurados a los gobernadores y ex gobernadores acusados de actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
“Que exista la posibilidad de que esos bienes vayan a resarcir los daños causados a las entidades federativas por el desvío de recursos y el endeudamiento que se ha dejado en esos estados”.
“Tenemos que ir por esos bienes para que sirvan para reparar el daño en esa sociedad y en esos gobiernos que han sido presa de la delincuencia”
“Tenemos que ir por esos bienes para que sirvan para reparar el daño en esa sociedad y en esos gobiernos que han sido presa de la delincuencia”, señaló la legisladora panista.
Consideró que así como la extinción de dominio vigente busca debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, es indispensable minar el poder económico de los funcionarios públicos corruptos para reparar el daño que causaron a la sociedad.
Recordó que en las recientes reformas para el combate a la corrupción se determinó que se podrán extinguir los bienes por ese tipo de delitos.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer sobre el aseguramiento de cinco empresas y cuatro propiedades del Gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, a quien –junto con su red de cómplices– le fueron congeladas 112 cuentas bancarias.
Según la dependencia, se han asegurado dos inmuebles en la Ciudad de México, uno en la Colonia Lomas de Chapultepec y otro en Polanco, así como el rancho “Las Mesas”, en Valle de Bravo, Estado de México.
Con la legislación vigente, le espera un largo camino a la extinción de dominio de esos bienes, presuntamente adquiridos o fondeados con recursos públicos de las arcas veracruzanas.
Por ello, Ortega planteó a las comisiones del Senado avanzar en la dictaminación de una reforma al artículo 22 de la Constitución en la que se establece, entre otras cosas, la imprescriptibilidad de estos delitos, para poder aplicar la extinción de dominio sobre los bienes.
La senadora también se pronunció por flexibilizar la aplicación de la extinción para que no quede atada a la causa penal.
Foto: Senado.gob.mx
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