Garantizar que aquellas personas que abandonan la cárcel, después de cumplir una condena, no vuelvan a delinquir, es el titánico reto del sistema penitenciario de Quintana Roo.
Durante años, caer en una prisión del estado era sinónimo de perfeccionarse en el crimen. En cualquiera de los centros, la reinserción social, independientemente del delito cometido, era una tarea prácticamente imposible.
De septiembre de 2018 a la fecha, el número de cárceles pasó de ocho a cuatro. Ya no hay en Carrillo Puerto, José María Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Ahora, la atención se centra únicamente en cuatro puntos, donde las condiciones han mejorado, según afirman las autoridades estatales.
“Tenemos un sólo programa de reinserción social pero integral, acordado en la conferencia del Sistema Nacional Penitenciario, que aquí en Quintana Roo había costado mucho trabajo aplicar. Ahora estamos en eso, para que el día de mañana nuestros presos puedan reinsertarse a la sociedad, porque todos los días estamos sacando ‘libres’, por lo menos con menor riesgo, intentando que no reincidan”, explicó Lucio Hernández Gutiérrez, subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Desde las oficinas administrativas del Cereso de Chetumal, que en menos de dos años duplicó su población hasta alcanzar mil 149 reos, dijo que ese “boom” poblacional es precisamente la clave del éxito de la estrategia para acabar con una de las prácticas que por años se dejó crecer: el autogobierno.
A Chetumal fueron a parar alrededor de 100 personas procesadas y sentenciadas que se encontraban en centros de retención municipal, cuya única función era atender faltas administrativas, pero no causas penales.
En ese mismo lugar llegaron también reclusos provenientes de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.
“Todos estaban provocando problemas graves. Se han traído a más de 600, 18 de Cozumel por ejemplo, la mayoría ha sido de Cancún y muchos más de Solidaridad, por eso están esos centros más estables”, detalla el responsable de los penales en el estado.
La última fase fue reubicar a las personas que pretendían formar un autogobierno dentro del Cereso de Chetumal. Los pocos terminaron siendo trasladados, ya sea a Cancún o a Cozumel.
“Con toda esta cantidad de personas más, desestabilizamos ligeramente este. Eso nos obligó a que tuviéramos que identificar a los ‘lidercillos’ que teníamos aquí y los sacáramos”, señala.
Minimizado el problema, las actuales condiciones en la capital del estado permiten implementar las medidas relacionadas con la reinserción, tomando en cuenta aspectos como la formación educativa y laboral, así como el desarrollo de habilidades, tanto individuales como sociales.
De acuerdo con las autoridades, los trabajos se hacen en coordinación con los organismos de derechos humanos tanto locales como el nacional. Este último considera que se deben privilegiar: educación, trabajo, capacitación, deporte y salud.
“No se puede concebir un tratamiento de reinserción social sin el acompañamiento de los derechos humanos. Siempre lo he mantenido, y por supuesto que jamás debemos de permitir que exista la riña entre los derechos humanos y el estricto apego a derecho para lograr la reinserción de las personas privadas de la libertad”, afirma el entrevistado.
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