Investigan el caso de la agresión de un Policía Estatal contra al periodista Francisco Javier Díaz y la persecución del personal de la Guardia Nacional contra otro reportero que volaba un dron en Cozumel.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), abrió una queja de oficio por la agresión injustificada contra dos reporteros por parte de la Policía Estatal y la Guardia Nacional ocurrida el día de ayer en Cozumel, cuando los periodistas se encontraban cubriendo la nota de un ejecutado en la zona.
Los periodistas fueron agredidos mientras cubrían la ejecución de un hombre a balazos en el interior de su vehículo, cuando iba por un alumno del Instituto Partenón
Tras este acontecimiento el primer reportero al llegar al lugar fue interceptado y agredido por agentes, luego de que este volará un dron por la zona.
Posteriormente, un segundo reportero fue agredido por un agente de la Policía Estatal, molesto porque grababa.
Esta agresión fue captada en video, en el que se muestra cómo lo agarra de un brazo, lo arrastra y avienta al suelo.
“Con esta acción (apertura de una queja) se requerirá a las autoridades correspondientes se rindan los informes al respecto de los señalamientos. Asimismo se buscará la ratificación de la queja por parte de los agraviados”, añade el escrito.
Por su parte el reportero afectado pidió la intervención de la gobernadora Mara Lezama, ya que sólo se encontraba cubriendo un homicidio, sin romper con los protocolos de seguridad.
“Este elemento me ordenó retirarme del lugar, luego intentó quitarme el teléfono celular porque estaba grabando en vivo. Hubo un momento en que al llevarme esposado, tropecé y caí y el policía cayó poniendo su rodilla sobre mi pecho”, relató Francisco Javier.
Incluso comentó que escuchó cuando el policía estatal hablaba con su superior por radio, acusando al periodista de “ultrajar a la autoridad”.
Agradeció la intervención del comandante Mario Góngora, quien hasta en dos ocasiones le pidió al oficial que dejara trabajar a los periodistas.
Minutos después un grupo de reporteros se metieron a una papelería, y personal de la Guardia Nacional le ordenó a la propietaria que cerrara su negocio.
Con base en lo anterior, el trabajador de la radio 107.7 y del canal 5, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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