CANCÚN, QUINTANA ROO.- El secuestro de los espacios públicos ejercido por empresas y sindicatos del transporte público en las principales ciudades del estado, es un tema que dolosamente ignoran los tres niveles de gobierno.
Por todo lo que allí ocurre, en términos reales, generan la mayor incidencia delictiva, de violencia y accidentes en el estado de Quintana Roo.
El presente trabajo considera a Cancún como objeto de estudio, por ser este centro poblacional, el ejemplo más claro de las violaciones a las disposiciones legales en la materia, así como sus consecuencias.
A fin de tener claridad en los términos que usaremos en el presente artículo, nos basamos en las definiciones que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dispone en su artículo 3.
LOS ESPACIOS SECUESTRADOS
En Cancún, espacios como: Plaza las Américas, la Terminal Marítima de Puerto Juárez (Ultra Mar); la Avenida Tulum (centro); los alrededores de la terminal de Autobuses de Oriente (ADO) están cooptados por el transporte público.
Pero en especial, la mayor parte de la Zona Hotelera, están reservados ilegalmente para el uso del transporte público en forma de “bases” y puntos intermedios de recorridos; paradores improvisados y zonas exclusivas de grupúsculos para la prestación de servicios de transporte.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, determina en su artículo 74 que:
“La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para todo tipo de usos y para la Movilidad, es principio de esta Ley y una alta prioridad para los diferentes órdenes de gobierno”.
Este mismo artículo, atribuye al municipio la responsabilidad de velar por los espacios públicos, en su último párrafo: “Los municipios serán los encargados de velar, vigilar y proteger la seguridad, integridad y calidad del Espacio Público”.
La misma ley determina que los Espacios Públicos son inalienables, es decir, que no se pueden enajenar, no pertenecen a ningún particular, empresa o sindicato.
EL SECUESTRO DE ESPACIOS Y LA INSEGURIDAD
El conflicto de intereses entre las empresas que tradicionalmente ofrecen el servicio de transporte en ruta fija en Cancún (Turicun y Autocar), versus el Sindicato de Taxistas de Cancún, la empresa Transporte Terrestre Estatal (TTE), fue habilitado, fomentado y fortalecido por las administraciones estatales.
Lo anterior porque éstas, con el contubernio del Congreso del estado violentaron el artículo 115 constitucional, otorgando concesiones estatales a estas últimas.
El tema más absurdo, es que el resquicio por donde se justificó la imposición de esas concesiones, fue en el término “autobús”, ello obligó a que las concesiones estatales se otorgaran en mini-micro-vanes.
Desde luego, para ofertar el servicio que presta un autobús, se requiere del uso de 4 micro vehículos, con las obvias consecuencias.
La anarquía e impunidad con la que ofrecen el servicio estas unidades, generan una terrible inseguridad toda vez que circulan a exceso de velocidad, con la puerta abierta, sobreocupadas y con choferes que conducen sin la capacitación requerida.
Al mismo tiempo, las “bases” improvisadas y puntos de conglomeración que genera el transporte es el lugar común de carteristas, asaltantes, violadores y demás malvivientes.
Además, son lugares sumamente insalubres, toda vez que los conductores utilizan la vía pública como sanitario.
Huelga escribir de lo evidente, la corrupción en la que incurren los elementos de Tránsito municipal.
ZONA HOTELERA, ULTRAMAR Y ADO, EXCLUSIVOS DE UNA CÉLULA DEL SINDICATO
Pero la mayor cantidad de delitos, violencia e impunidad la genera una célula del Sindicato de Taxistas de Cancún, la cual se ha apoderado de los Espacios Públicos y del Equipamiento Urbano.
Específicamente en: la Zona Hotelera, los alrededores de la terminal de autobuses del ADO y la terminal marítima de Puerto Juárez.
Estos Espacios Públicos son copados por taxis del Sindicato quienes, no sólo violentan a operadores de la plataforma electrónica UBER, sino, a sus propios compañeros, martillos del sindicato quienes no pertenecerían a esa célula.
Los excesos de los sujetos que pertenecen a la célula, no sólo violentan el marco jurídico por lo que hace al Espacio Público; de hecho, monopolizar el servicio tiene que ver con su propia necesidad de marcar las tarifas y condiciones en las que se presta el servicio.
ACOSO Y AGRESIONES QUE REPELEN EL TURISMO
Ejemplos, muchos, quien escribe ha tenido diversas charlas con turistas usuarios de estos servicios, de ellos, trasciende el relato de un norteamericano quien muy molesto relató que hizo uso del servicio de un taxi de la Zona Hotelera.
Según lo dicho por el turista, el recorrido no representó más de cuatro kilómetros; al llegar a su destino, el taxista le dijo que debía pagar 1 mil pesos.
El norteamericano, muy molesto, le dijo que no pagaría esa cantidad, a lo que el taxista respondió que desde luego pagaría y lo amenazó con un arma de fuego.
Adicional a ello, comenzó a alertar a sus compañeros taxistas para que lo respaldaran por lo que el turista no tuvo más opción que pagar.
Otros turistas nacionales comentaron para este periodista que durante un día de su estancia en Cancún, realizaron diversos viajes dentro de la Zona Hotelera, cada viaje fue cobrado con 600 pesos cada uno.
Muchos son los relatos públicos de turistas nacionales y extranjeros quienes han sido agredidos por solicitar el servicio a través de un servicio distinto al de los taxis de Cancún; de hecho, muchas historias pululan en las redes sociales.
Insultos, jaloneos, agresiones son comunes de los miembros de esta célula hacia turistas quienes no quieren hacer uso de esos taxis.
LA IMPUNIDAD POR OMISIÓN
La negación de los hechos es una constante por parte de la autoridad, no obstante que la propia ley local obliga, se trata de una omisión con todo lo que ello representa, es un delito.
Por ejemplo, la propia Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo ordena la realización de Estudios de Impacto de Movilidad; el artículo 53 y 54 de la Ley de Movilidad lo ordena.
Desde luego, con un análisis de esta naturaleza, la autoridad tendría los datos que aquí compartimos y estaría obligada a actuar; pero, los intereses particulares y de grupúsculos, inhabilitan, fomentan la omisión.
Pero por el lado de la administración municipal, también existe la omisión, en el entendido de que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le ordena rescatar los espacios públicos.
