Los habitantes de la colonia Selva Antigua, de Chetumal, denuncian que funcionarios municipales allegados al alcalde Otoniel Segovia Martínez están promoviendo la invasión de los predios que se encuentran detrás de las oficinas de la Policía Estatal, hostigando a los vecinos del lugar.
De acuerdo con la información de uno de los lugareños, Gabriel Peraza, señaló que en agosto del año pasado el Ayuntamiento pavimento el acceso a la zona, por lo que pensaban que al fin habían escuchado sus peticiones de tener acceso digno a su colonia.
Pero las cosas no fueron así ya que de manera sorpresiva llegaron más de 40 familias que se asentaron en los predios vacíos, a pesar de que estos tienen dueños.
De acuerdo con los vecinos de la zona, estas personas que arribaron al lugar en menos de un fin de semana cercaron con alambres y vallas sus propias delimitaciones y construyeron hechizas viviendas para “apartar” su propiedad.
Es por ello que los colonos denuncian el despojo de partes de sus terrenos, sin embargo los recién llegados aseguran contar con el permiso del presidente municipal Otoniel Segovia Martínez.
La funcionaria municipal, Vanesa San Germán Guerra dice ser la dueña de estos predios
El mes pasado, la directora de Relaciones Públicas del Municipio, Vanesa San Germán Guerra, se presentó en el lugar con documentos que supuestamente la certificaban como dueña de los predios, los cuales había vendido a los invasores, aunque se negó a presentar los documentos.
Desde el pasado lunes, elementos de la Fiscalía General del Estado se han dedicado a asegurar los predios cercanos, incluso aquellos de personas que tienen más de 15 años viviendo en la colonia, derivado de una denuncia penal por invasión.
Los antiguos pobladores poseen títulos de posesión de la tierra validados por Catastro desde 1993
“Vamos a presentar el próximo jueves una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, ante lo que es un atropello evidente de nuestros derechos”, puntualizó doña Peraza Várguez.
Actualmente 15 predios de ese lugar permanecen con sellos oficiales de la Fiscalía General del Estado, que en caso de violación podría generar sanciones de hasta seis años de cárcel. Los colonos temen que la funcionaria sea la que puso la denuncia penal.
