En medio de denuncias penales por el presunto asesinato de pacientes Covid-19, una enfermedad que ha infectado a casi 7 mil personas en Quintana Roo, la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico cumple tres años de ser letra muerta.
Desde su publicación, el 4 de julio de 2017, en el estado se han registrado 249 quejas en contra de los servicios médicos locales, muchas de ellas, por presunta negligencia de quienes, en teoría, juraron velar ante todo por la salud y el bienestar de los pacientes.
Ante la falta de un organismo que atienda de forma exclusiva y con prontitud, los casos terminaron mezclados con miles de expedientes que atiende cada año la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).
En ese mismo periodo, 384 quejas más llegaron a manos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Al igual que a nivel local, esos casos también su sumaron a otros miles de expedientes del ámbito general.
“Es una necesidad la instalación de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, para garantizar la celeridad en la atención y conciliación de los conflictos entre pacientes y médicos. Actualmente hay una indefensión en este tema porque si bien existen opciones como la denuncia penal o las quejas ante los organismos de derechos humanos, no es lo mismo”, señala Marco Toh Euan, ombudsperson en Quintana Roo.
Pese a las cifras y a tres años de esa ley, los quintanarroenses siguen sin tener una Comisión de Arbitraje Médico. El plazo establecido en los transitorios venció desde el 31 de enero de 2018.
“Lo ideal y urgente es que tengamos esta comisión operando en Quintana Roo. Es un tema añejo que hemos planteado en varios foros. Esperemos que sea retomado, porque se trata de un derecho de los ciudadanos”, insiste Toh Euan.
Él dice que actualmente, la Comisión de Derechos Humanos puede entrar como conciliador y árbitro, únicamente cuando la institución acusada está dispuesta a hacerlo, pero eso muy pocas veces pasa.
La misma ley vigente establece que la comisión de arbitraje estatal podrá actuar en auxilio de la Comisión Nacional, mediante convenios cuando se trate de los servicios de salud de carácter federal.
En el caso específico de Quintana Roo, apenas el 2 de julio pasado, las autoridades del Issste denunciaron penalmente a uno de sus médicos porque, según la versión de tres testigos (el mismo personal de la clínica de Chetumal), ordenó inyectar cloruro de potasio a dos pacientes que tenían cuadro de Covid-19.
Los casos son ventilados en la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Hechos de este tipo demuestran que se está perdiendo la ética médica”, afirma Edgar Gasca Arceo, actual presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado.
“Estaremos vigilantes de ese tema. Es muy delicada esa acusación. Confiamos en que las autoridades investiguen el caso y se castigue a los responsables”.
En lo que respecta a una comisión de arbitraje local que se haga cargo de vigilar la actuación de los médicos, afirmó que la falta de instalación demuestra que es parte de la simulación, en donde se reformaron leyes, únicamente para cumplir con los protocolos.
El gobernador Carlos Joaquín González es quien debe presidir el Consejo General, encargado de nombrar a los integrantes de la Comisión de Arbitraje Médico, según el quinto párrafo del artículo 10 de la mencionada ley.
El cumplimiento fue encomendado a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, que encabezó la ahora diputada local Lilí Campos Miranda.
De acuerdo con información de esa dependencia estatal, el caso quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud, que preside Alejandra Aguirre Crespo, y la Secretaría de Gobierno, a cargo de Arturo Contreras Castillo.
Estas últimas se deslindaron del asunto. La primera informó que, como la Comisión será uno de sus órganos desconcentrados, no puede ser juez y parte en la designación de sus integrantes; mientras que la Secretaría de Gobierno dio a conocer mediante su área de prensa, que sí participan en varias comisiones, pero esa en particular le corresponde a la Secretaría de Salud.
Resoluciones tardan años y sin garantía de cumplimiento
Fue en mayo de 2015, cuando V (así identifica la Cdheqroo a la mujer) acudió al Centro de Salud número 3 de la ciudad de Chetumal, porque llevaba más de dos meses con sangrado muy abundante.
Aprovechando el programa de atención temprana del cáncer de mama y cervicouterino, implementado por el Seguro Popular, solicitó que le practicarán una mastografía, un examen de papanicolau y un ultrasonido porque además sentía una protuberancia en su costado izquierdo que le dolía al tacto.
También le mencionó al médico que constantemente orinaba y que su estómago siempre estaba abultado.
A pesar de que regresó en varias ocasiones, el médico siempre le negó la orden para que le realizaran los estudios, incluyendo el examen de papanicolau.
Tras varios intentos, se dio por vencida y por cuestiones personales se mudó a la ciudad de Playa del Carmen, donde el 22 de octubre de ese mismo año terminó en el área de urgencias del Hospital General.
Como resultado, fue programada para una histerectomía por miomatosis (extracción del útero).
Ahí se enteró, por los médicos, que todo eso se pudo evitar si tres o cuatro meses atrás, le hubieran dado la atención oportuna.
En diciembre de 2015, la mujer ingresó su queja ante la Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos. Casi cuatro años después, el 11 de junio de 2019 le confirmaron mediante la recomendación CDHEQROO/13/2019/I dirigida a las autoridades de salud, que ella tenía razón.
Sin embargo, lo que parecía una buena noticia no lo fue en realidad, porque la resolución de la Cdheqroo, nunca fue aceptada por la Secretaría de Salud y terminó entre los papeles de las oficinas del Congreso del Estado.
Antecedentes de la Comisión de Arbitraje Médico de Quintana Roo
El primer antecedente de este organismo en la entidad data del año 1997, mediante el decreto del 4 de agosto de ese año, firmado por el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid. 60 días después, debió quedar integrada, sin embargo, nunca sucedió.
En 2016, hubo otro intento por reactivar el tema, sin embargo, un acuerdo de la XIV Legislatura del Congreso, a cargo de Pedro Flota Alcocer, determinó no atender una convocatoria referente al dictamen de esa iniciativa.
Fue hasta el 2017, cuando el Congreso “del cambio” aprobó finalmente un dictamen de ley publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 4 de julio de ese año.
Desde esa fecha, las quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo por irregularidades en los servicios de salud han ido en aumento.
En 2017, el balance cerró en 46 expedientes abiertos; un año más tarde la cifra subió a 49; el año pasado cerró con 101 quejas; mientras que en lo que va de este 2020, la Cdheqroo ha documentado 53 casos de irregularidades en la atención médica.
En cuanto a las quejas contra instituciones de salud federal, sólo entre enero y mayo de este año, sumaron 49, la mayoría contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque solo una fue presentada directamente como “negligencia médica”.
En México, los problemas con el tratamiento y el diagnóstico médicos son los 2 principales motivos de las quejas.
Motivo de queja Total
Tratamiento médico 32.2%
Diagnóstico 24.4%
Tratamiento quirúrgico 19.9%
Relación médico-paciente 13.9%
Auxiliares del diagnóstico 4.5%
Deficiencias administrativas 3%
Atención del parto y puerperio 1.5%
Accidentes e incidentes 0.6%
Fuente: Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (septiembre 2019)
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