Las comisiones del Senado aprobaron sin modificación la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encargue de la vigilancia y protección el espacio aéreo, en lugar de una autoridad civil.
Con solo 11 oradores y menos de una hora de debate, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron la propuesta. Por parte de la primera, la votación fue 7 a favor de Morena y aliados, 2 en contra y 2 abstenciones. A su vez, en la segunda fue de 8 a favor de Morena y aliados y 3 en contra.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo votos divididos. Por ejemplo, Claudia Ruiz Massieu lo hizo en contra, mientras su compañero de bancada Mario Zamora en abstención.
Lo similar ocurrió en el Partido Acción Nacional (PAN), donde Nadia Navarro votó en contra y Martín del Campo en abstención.
El senador de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama, advirtió que la propuesta reduce la participación de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y aumenta la injerencia de la Sedena y Marina.
“La Ley que se propone daría control e injerencia permanente en las operaciones aéreas, en lugar de mantenerlas como excepcionales; no se justifica generar en la aviación civil, puesto que esta no es criminal”, declaró durante la sesión.
Añadió que las riesgos de corrupción que señala el proyecto están contemplados en la ley de aviación civil o tipificadas como delitos en el Código Penal federal. Agregó que las deficiencias pueden ser subsanadas con una modificación a dichos instrumentos, agregando una descripción de los actos ilícitos.
“No hace necesario una nueva ley que estrictamente busca darle mayor participación a las fuerzas armadas dentro de la aviación civil”, reiteró.
En contraste, la senadora de Morena, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, sostuvo que “de ninguna manera se está militarizando el espacio aéreo” y argumentó que la soberanía del territorio siempre ha sido una responsabilidad de la Fuerzas Armadas en México. Por último advirtió sobre riesgos por actividades ilícitas.
“Entre el 2018 y el 2021 se registraron 720 alertas aéreas provocadas por aeronaves que no se ajustaron a la reglamentación”, aseveró.
“Existe un grave riesgo, además de todos los riesgos que ya existen de no cuidar adecuadamente la puerta de entrada al país; existe un grave riesgo de colisión entre vuelos que incurren en el uso ilícito del espacio aéreo”, subrayó.
Por su parte, Nadia Navarro argumentó que las Fuerzas Armadas deben tener una naturaleza excepcional. A su vez, Ruiz Massieu se sumó a dicho argumentó y advirtió que militarizar es ampliar la presencia de las corporaciones castrenses en tareas que le corresponden a las autoridades civiles.
Asimismo, señaló que existe una tendencia de otorgar funciones a las corporaciones castrenses cuando se detengan lagunas legales, insuficiencias en el marco regulatorio, entre otras, en lugar de fortalecer las capacidades de las dependencias de gobierno.
Por el contrario, el senador de Morena, Elí César Eduardo Cervantes Rojas argumentó que la norma atiende un vacío legal y sostuvo que existen irregularidades como expediciones de matriculas falsas.
De igual forma, el morenista Daniel Gutiérrez afirmó que regular la participación del Ejército “no necesariamente implica” una “militarización”, sino que apuntó que esta última se da “en cuanto se rompe el orden constitucional” y se le encomiendan “tareas de represión”.
El dictamen fue aprobado en lo general por las comisiones y enviado al Pleno del Senado, donde se votará posteriormente.
El pasado 8 de febrero, la propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones.
La ley establece que la Sedena coordinará la vigilancia y protección del espacio aéreo, en el ámbito que compete a la seguridad nacional.
Para ello, se constituye al Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con el fin de que coordine a las dependencias y entidades, para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional. Además, el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo observará las maniobras de vuelo que se señalan.
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