CIUDAD DE MÉXICO, MÉX.- Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), condenaron la sentencia emitida por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 10 de octubre de 2019, en la que por unanimidad de votos los magistrados Delia Rosey Puebla, Miguel Angel Mesa Carrillo y Francisco José Huber Olea Contró, decidieron echar atrás la sentencia de primera instancia y dictar una nueva en la que condenan al periodista investigador y académico Sergio Aguayo Quezada por considerar que su columna de opinión de fecha 20 de enero de 2016, lesionó el patrimonio moral del exgobernador Humberto Moreira Valdés, ya que a juicio de los magistrados existió un abuso de la libertad de expresión, condenando al investigador al pago de diez millones de pesos por concepto de “daño punitivo”.
“Los jueces son los guardianes del Estado de Derecho y están obligados a emitir resoluciones que sean acordes al marco normativo nacional e internacional, esto con el fin de garantizar y proteger derechos fundamentales, como lo es la libertad de expresión y el derecho a la información. Los magistrados arriba mencionados tomaron el camino inverso: fundaron y motivaron su fallo en interpretaciones y argumentaciones erróneas y violatorias de los estándares que se han desarrollado en la materia, tergiversando los criterios establecidos por el Poder Judicial de la Federación y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Dieron a conocer a través de un comunicado de prensa.
Los interesados, hicieron un llamado al Consejo de la Judicatura para que revise el actuar de jueces y magistrados que emitan sentencias violatorias a los derechos fundamentales que sobrepasan la independencia judicial. De igual manera, inicie un proceso de investigación en contra de los magistrados integrantes de la Sexta Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México por posibles actos de corrupción en el fallo. Finalmente, al Poder Legislativo regule adecuadamente la figura de daño moral y el procedimiento que rige a tal figura, pues el uso inadecuado de este mecanismo legal se está convirtiendo en un mazo intimidatorio.
