CANCÚN, Q. ROO.-Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Contraloría del Estado (Secoes), destacó que los presuntos desvíos en la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo) y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), que ascienden a casi 500 millones de pesos, sigue sujetos a investigación y los jueces serán los que determinen la culpabilidad de los ex funcionarios investigados.
Además, dijo que las gestiones de Jorge Portilla Manica y Juan Vergara Fernández, ex titulares de Sintra y de Sefiplan, respectivamente, son auditadas y una vez que concluyen el proceso, viene la etapa de solventación de las observaciones y de ahí la resolución.
Hasta el momento no se han cumplido los plazos de la auditoría del año anterior, por lo que más adelante se darán a conocer las inconsistencias encontradas a las autoridades correspondientes”, afirmó.
El funcionario explicó que las investigaciones que se hicieron con la Universidad Politécnica y el SQCS se dividen en dos etapas, la primera, la que llevó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y la segunda, la que realizó la Contraloría estatal.
La primera está vinculada a los acuerdos y convenios firmados entre la federación y las entidades de Quintana Roo, y la segunda con la contratación de las entidades de proveedores y la prestación o no de servicios”, expresó.
Además, dijo que no se puedo manifestar de manera categórica respecto de algo que está todavía sujeto a un proceso de investigación y que será juzgado en su momento por una autoridad jurisdiccional, es decir, que de manera presuntiva han advertido que existen probables comisiones de delito y por eso se han presentado las denuncias.
Del Pozo Dergal recalcó que la contraloría detectó en la auditoría a la Upqroo la falta de entregables, que es la evidencia documental de cumplimiento de contrato, por un monto cercano a los 100 millones de pesos que no tiene soporte documental.
Nuevas denuncias
El titular de la Secoes reveló que han presentado en las últimas semanas alrededor de 10 denuncias más, de las cuales no han dado cuenta de manera formal en medios, por la presunción de inocencia y que en los próximos días presentarán otras 15 querellas y que serán las fiscalías estatales y federales las que resuelvan.
Ya están listas en la parte de auditoría e investigación, se conforman para darle la forma de denuncia penal”, afirmó.
En total, el gobierno estatal tiene 40 denuncias interpuestas contra ex funcionarios públicos en donde el monto reclamado asciende a 11 mil millones de pesos.
Estas denuncias son derivadas del proceso de entrega-recepción, que de manera presuntiva derivó de las auditorías que se realizaron.
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