Otro vacío legal afecta a la conflictiva norma; Suprema Corte de Justicia resolverá si los afectados tienen derecho a pagos de múltiples dependencias
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia ordenó ayer a tribunales federales de todo el país congelar la resolución de amparos sobre los pagos para compensación previstos en la Ley General de Víctimas, mientras los ministros aclaran varias confusiones que ha generado esa norma.
La Corte publicó un acuerdo general para informar a los tribunales que la Segunda Sala ya atrajo seis amparos en revisión, con los que fijará criterios definitivos sobre esta ley, que además está en proceso de una polémica reforma ante el Congreso.
Los amparos han sido promovidos por víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de diversas autoridades, que buscan acceder a recursos del fondo que administra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano que pasa por una crisis institucional y solo opera con dos de siete comisionados.
La Segunda Sala busca aclarar, de entrada, si las víctimas oficialmente reconocidas tienen derecho a un doble pago, es decir, si pueden cobrar dinero del fondo de la CEAV si previamente una dependencia de gobierno, en varios de estos casos, la Secretaría de la Defensa Nacional, ya aceptó pagar una compensación de su propio presupuesto.
“Conforme a la legislación aludida, ¿corresponde únicamente al Pleno de la CEAV cuantificar la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos o bien, si las autoridades que son responsables de tales transgresiones, también pueden determinar la cantidad que debe de ser erogada como compensación por tales lesividades?”, es otra de las dudas que busca aclarar la Corte.
En un tema más técnico, los ministros también determinarán sin estos amparos opera la suplencia de la queja deficiente, es decir, si los jueces pueden corregir o mejorar las demandas de los quejosos, como se hace en materias penal y laboral.
Los amparos contra la CEAV son en materia administrativa, que en teoría son de estricto derecho, y por tanto los jueces no pueden “ayudar” a los quejosos mejorando los argumentos de sus abogados.
Los casos atraídos por la Corte se refieren a violaciones de derechos humanos por parte de autoridades, pero la ley también reconoce a las víctimas de la delincuencia, y para estas se prevé una “compensación subsidiaria” por parte del Estado con el fondo de la CEAV cuando el delincuente no puede reparar el daño.
La Ley General de Víctimas provocó en su momento el rechazo del gobierno de Felipe Calderón, precisamente porque daba lugar a confusiones y abusos, pero su publicación fue uno de los primeros actos de gobierno de Enrique Peña Nieto.
La ley ha generado tales confusiones, que incluso hay quienes argumentan que cualquier persona que gane un amparo en cualquier materia tendría derecho a ser calificada como “víctima”, y a obtener una compensación del Estado, pues ha demostrado que la autoridad violó alguno de sus derechos humanos.
DEFIENDE CEAV SU LEGITIMIDAD
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aseguró que la renuncia de la comisionada Susana Pedroza no afecta ni su legitimidad ni la operatividad de sus labores.
“El Pleno de la CEAV, integrado ahora por el comisionado presidente Julio Hernández Barros, y por el comisionado Adrián Franco Zevada, afirma que la salida de la comisionada Susana Thalía Pedroza de la Llave de ninguna manera afecta la legitimidad de la Comisión”, sostuvo el organismo.
El domingo, Susana Pedroza anunció a través de Twitter su decisión de dejar la CEAV y posteriormente explicó en entrevista que se debió al trato que recibió de dos senadoras y el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, en el marco de la discusión sobre la reforma a la Ley General de Víctimas.
La CEAV destacó que la ley actual establece que el organismo cuenta con “personalidad jurídica y patrimonio propio”, y que “gozará de autonomía técnica y de gestión”, por lo que se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 5 de la Ley Federal de la Entidades Paraestatales.
“Por tanto, la salida de la comisionada Pedroza de la Llave no afecta el buen desempeño ni la operatividad en las labores de la CEAV, por la naturaleza jurídica por la que fue creada”, insistió.
“La Ley General de Víctimas vigente, compuesta por 180 artículos y varios artículos transitorios, permite la funcionalidad y operatividad del pleno aún con dos comisionados”.
Sin embargo, para Silvano Cantú, quien fuera director de vinculación de la CEAV, consideró que esta situación al menos políticamente pondría en duda la legitimidad de las decisiones que se tomen, pues no habrá los contrapesos contemplados en un Pleno pensado originalmente de siete comisionados.
La ley establece que el Pleno sesionará con los comisionados en funciones, por lo que sí podría sesionar con los dos que quedan.
También indica que en caso de empate en alguna votación el presidente tendrá la facultad de tomar la decisión, por lo que prácticamente la CEAV aprobará lo que el comisionado Julio Hernández decida.
“La CEAV sostiene que los dos comisionados que ahora integran el Pleno continuarán con el mandato que les otorga su encargo hasta el último día del mismo”, aclaró la Comisión.
“Y añade que hoy más que nunca redoblará el trabajo, puesto que entiende que las víctimas del país necesitan que la Comisión Ejecutiva funcione y opere más allá de coyunturas o de reformas a la ley”.
Foto: Agencia Reforma
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