El día de hoy, 12 de abril, el Gobierno de México fue notificado de la sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación con el caso García Rodríguez y otro vs. México.
La Corte notificó su sentencia al Estado mexicano en una audiencia en línea, en la que participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México.
La Corte IDH limitó el caso al marco fáctico establecido por la Comisión Interamericana en su informe de fondo, desestimando alegatos sobre una posible desviación de poder, en concordancia con la solicitud del Estado.
La Corte determinó medidas de satisfacción, rehabilitación e indemnización compensatoria en favor de las víctimas.
Asimismo, el Estado mexicano deberá adecuar su marco normativo respecto a las figuras del arraigo pre-procesal y la prisión preventiva oficiosa, con el fin de que su aplicación cumpla con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte IDH estableció un plazo de un año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de la sentencia.
El Estado Mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos.
México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y con los instrumentos y mecanismos que los protegen, tanto en el ámbito regional como universal. La determinación de la Corte Interamericana servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas.
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