MÉXICO.- El crimen organizado en México ha permeado diversas esferas de la política, administración pública, incluso de la sociedad civil que, en la última década, junto con organismos de derechos humanos, son utilizados como el primer escudo contra las Fuerzas Armadas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Michoacán y Durango.
De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad del gobierno federal, del 11 de febrero de 2009 al 12 de junio de 2018 se han realizado en México 78 marchas y bloqueos financiados por las organizaciones delictivas predominantes en la zona. Investigaciones que se llevan en proceso por algunas fiscalías estatales y la Procuraduría General de la República revelan que los pagos a los habitantes que protestan contra las fuerzas federales oscilan entre los mil y cinco mil pesos, dependiendo del estado y la organización criminal.
Organizaciones criminales como Los Zetas, Golfo, Familia Michoacana, Templarios, Pacífico y recientemente Jalisco Nueva Generación, encontraron en algunos funcionarios de organismos de derechos humanos las asesorías correspondientes para evitar las acciones de los elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de la República (PGR) y Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de familiares de supuestas víctimas de desaparición forzada por parte de fuerzas federales.
Existen diversas averiguaciones previas, como la AP/ PGR/SEIDO/VEITA/073/2015, presentada en Grupo Imagen, donde el líder de la organización criminal denominada Los Zetas, Ramiro Pérez Moreno, alias El Ramas, 7-4, o El Rama, señala directamente al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, de recibir semanalmente cinco mil dólares para que promueva denuncias y manifestaciones en contra de la Marina y de otras fuerzas federales en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
