El Tribunal Superior Electoral de Brasil le dio un plazo de tres días al expresidente Jair Bolsonaro para explicar el contenido de un proyecto de decreto encontrado en la residencia de uno de sus exministros y considerado como evidencia de que pretendía dar un golpe de Estado.
El plazo fue establecido en una sentencia del magistrado Benedito Gonçalves, de la corte electoral, que ordenó incluir el denominado “documento golpista” en una investigación que se adelanta contra el mandatario por supuesto abuso de poder durante su campaña a las elecciones presidenciales de octubre.
El polémico texto es el borrador de un decreto que habría permitido a Bolsonaro instaurar un estado de excepción para intervenir el máximo tribunal electoral y revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
El documento fue encontrado por la Policía Federal en la residencia de Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y detenido desde el sábado acusado de presunta omisión, pues era el responsable de la seguridad de Brasilia cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
Bolsonaro también fue incluido por la Corte Suprema en la lista de investigados por los sucesos violentos del 8 de enero, por su presunta participación como autor intelectual de la intentona golpista.
El cerco judicial se estrecha sobre el exmandatario, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos y del que se sospecha que incitó a sus partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo el 8 de enero.
Gonçalves también solicitó a la Corte Suprema que remita al tribunal electoral el documento que demostraría la supuesta intención del líder ultraderechista de dar un golpe y cualquier otra posible prueba encontrada en la casa de Torres que pueda servir en la investigación sobre el abuso político durante la campaña.
En caso de que Bolsonaro sea considerado responsable de abuso político y de uso de los medios de comunicación oficiales a favor de su campaña, el tribunal electoral puede condenarlo a un período de inhabilitación política de al menos ocho años.
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