Durante el período de confinamiento social causado por la pandemia de Covid-19, que fue del 26 de marzo hasta el 7 de junio, un total de 59 familias quedaron totalmente desintegradas. Madres e hijos tuvieron que salir huyendo de la violencia en sus casas, algunas, incluso fuera del estado.
De acuerdo con información de 23 organizaciones no gubernamentales que emitieron un posicionamiento conjunto sobre el aumento de la violencia de género en ese periodo, en 59 casos de los atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (Ceaveqroo) tuvieron que salir de casa por estar en peligro su vida.
De esos casos, 39 mujeres fueron llevadas por personal de la dependencia con familiares o amigos para que pudieran darle protección a la víctima, al considerar que no había condiciones para garantizar su integridad, principalmente porque vivían con su agresor.
Las restantes 20 mujeres tuvieron que ser llevadas a un refugio o albergue temporal, porque no cuentan con una red de apoyo en su localidad.
Esa cantidad, equivale al 25 por ciento de los 237 reportes que atendió la Ceaveqroo durante el periodo de confinamiento, que fue del 26 de marzo al 7 de junio.
Entre los peligros más frecuentes se encuentran violencia sexual y violencia física, principalmente en mujeres de entre los 18 y los 44 años de edad; la mayoría en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco.
Irma González Nery, quien pertenece al grupo 23 ONG’s, comentó que con estas estadísticas se muestra que no han sido suficientes las acciones realizadas para atender la violencia de género, sobre todo durante la pandemia.
Por ello, exigieron más acciones durante la nueva normalidad e, incluso, que haya una mayor transparencia tanto en las estrategias, programas y planes, como en el uso de recursos que aplican las distintas dependencias para prevenir y atender la violencia de género durante la emergencia sanitaria.
“Vemos muy prioritario que autoridades como la Fiscalía General del Estado, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, así como los institutos municipales de la mujer, transparenten todos los fondos aplicados a las acciones para prevenir y atender la violencia“.
También pidieron que se hagan públicos los protocolos para proteger a las víctimas, así como los mecanismos para la inclusión de las víctimas en la sociedad.
La campaña #SusanaVigilancia – la cual surge para prevenir la opacidad y corrupción ocurridas durante la pandemia- que únicamente el Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas incorporaron en sus micrositios una guía de apoyo para víctimas de violencia de género.
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