Más de 120 organizaciones reclaman que la elección de Raúl Cervantes y Arely Gómez como titulares de los organismos ha sido “inesperada y discrecional”
CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 120 organizaciones de la sociedad civil lanzaron un reclamo por los nombramientos de Raúl Cervantes y Arely Gómez como titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), respectivamente.
En una carta pública, acusaron que las designaciones se dieron días después de que expertos y organizaciones exigieran un diálogo nacional para rediseñar el organismo autónomo procurador de justicia.
“El nombramiento del Procurador es la mayor muestra del divorcio entre la presidencia y el Senado de la República y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal en México”, lee el texto.
“El presidente, con el respaldo del Senado, designó inesperada y discrecionalmente un perfil con cuestionamientos sobre su independencia política y sin rendir cuentas sobre su idoneidad”
Las organizaciones recordaron sus múltiples llamados a contar con procesos transparentes, abiertos y participativos para el nombramiento de funcionarios públicos, quienes deben contar con perfiles que garanticen independencia y profesionalismo.
Sólo así la sociedad mexicana podrá confiar en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y en la construcción de una Fiscalía General de la República autónoma, añadió.
“Lo que acabó de suceder demuestra la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros que sostengan las decisiones. El Senado de la República no cumplió con su papel de contrapeso”, criticó.
También señaló que, en septiembre de 2016, presidencia se comprometió a conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos para elegir al titular del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual no se realizó.
Las organizaciones exigieron que las designaciones de ambos funcionarios sean transitorias, ya que no cuentan con el perfil para encabezar la Fiscalía General de la República ni el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Estamos absolutamente convencidos que los perfiles requeridos para estos órganos deben estar a la altura del contexto, las exigencias sociales y las necesidades de nuestro país. Estos dos nombres, sin embargo, no lo están”, concluyó.
Foto: Agencia Reforma
