CIUDAD DE MÉXICO.- Artículo 19 lanzó un enérgico llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para garantizar el libre ejercicio del periodismo ya que en este sexenio “cada año ha sido más violento que el anterior” y se han registrado mil 986 agresiones a periodistas.
Al presentar su informe anual “Democracia simulada, nada que aplaudir”, la organización informó que el año pasado logró documentar 507 agresiones a periodistas, incluyendo 12 asesinatos y una desaparición forzada, “colocando a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina“.
El texto señala que las privaciones de libertad aumentaron 2.5 veces en este sexenio: en promedio se registraron 17 cada año durante la gestión de Felipe Calderón; con Peña Nieto son 44.
Asimismo, se documentaron 20 casos de periodistas desplazados de manera forzada debido a las agresiones relacionadas con su actividad profesional; 11 de ellas ocurrieron en 2017.
Algo grave es que, según Artículo 19, “la violencia pasó de estar concentrada en algunos estados -principalmente los que contaban con mayor presencia del crimen organizado-, a ser generalizada en todo el país”.
Los periodistas que cubren la fuente de seguridad y justicia se encuentran en riesgo, especialmente en los estados de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Baja California Sur y Guerrero. Pero ahora, las agresiones están dirigidas también a la fuente de corrupción y política, siendo la capital del país donde se concentra el mayor número de casos.
La organización señala que el discurso oficial “ha culpado una y otra vez” al crimen organizado por la violencia contra la prensa. No obstante, de las mil 986 agresiones ocurridas en los últimos 5 años, sólo 8 por ciento fueron responsabilidad de delincuentes y el 48 por ciento corresponde a funcionarios públicos.
Al inicio de sexenio, Artículo 19 documentó que 75 por ciento de los asesinatos de periodistas eran cometidos presuntamente por integrantes del crimen organizado. Al cierre del sexenio puede indentificarse que 21.9 por ciento de los asesinatos fueron presuntamente cometidos por integrantes del crimen organizado y 19.5 por ciento por funcionarios públicos“, señala.
Además, las agresiones a medios digitales en 2017 superaron a las de los medios impresos con 47.8 y 20.8 por ciento de los casos.
En su informe, Artículo 19 dedica un capítulo a la publicidad oficial “como mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales y como herramienta de censura sutil hacia los medios de comunicación”.
Los recursos de la publicidad gubernamental se ejercen sin control y con cantidades hasta 200 por ciento más a lo presupuestado. “En la actual administración se sobreejerció el 71 por ciento del gasto presupuestado. De acuerdo con las cifras sobre erogaciones de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017, más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial“.
La organización recomendó prohibir esta práctica y crear un ente regulador de la publicidad oficial que no dependa de la Secretaría de Gobernación, sino que sea una Comisión de Vigilancia o un Consejo Nacional“.
Contabiliza mil 986 agresiones contra la prensa en presente administración
“Las crisis políticas y el contexto electoral, derivan en más violencia y agresiones a la prensa como se documentó el año pasado donde el aumento de ataques fue de más del 340 por ciento en Coahuila”, señaló Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica.
En los últimos cinco años suman mil 986 agresiones contra periodistas y 41 asesinatos en contra de profesionales de información, ultimados “por hacer su trabajo”. 12 de estos homicidios se registraron en el pasado 2017, en medio de 507 agresiones a la prensa; es la mayor cantidad de ataques contra los que México ha vivido en los últimos 20 años, dijo Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica.
Ruelas señaló que “si las leyes que restringen no funcionan para cerrar los flujos de información, si el dinero que se paga a los medios y los obstáculos para el acceso a la información tampoco, entonces, lo que queda es amenazar, desaparecer o matar”; además, agregó, “las crisis políticas y el contexto electoral, derivan en más violencia y agresiones a la prensa como se documentó el año pasado donde el aumento de ataques fue de más del 340 por ciento en Coahuila, del 158 por ciento en el Estado de México y del 600 por ciento en Nayarit”.
La intolerancia de servidores públicos de todos los niveles se han traducido en una represión autoritaria con el uso del aparato del estado, aseguro Articulo 19 al subrayar que las denuncias de ataques a la prensa están hundidas en un 99.6% de impunidad; esto, dijo Ruelas, “no se puede explicar sin advertir que el 48% de los perpetradores de estas casi dos mil agresiones, son funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno”.
“El estado es incapaz de investigarse a sí mismo y el silencio derivado de la violencia resulta conveniente para el poder político; no es fortuito que la mayoría de los periodistas que investigaban hechos de corrupción, inseguridad y derechos humanos han sido sujetos de agresión en estos años, como el testimonio de un mensaje de silencio para su colegas” y en el marco de un Mecanismo y una Fiscalía Especial de Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión inoperantes, consideró Ruelas ante defensores humanitarios, expertos, activistas sociales y el director ejecutivo internacional de Artículo 19, Thomas Hughes.
El propio Hughes expresó su temor de que el respeto universal a los derechos ciudadanos en México está bajo amenaza por una “mala interpretación” y hasta abierta “manipulación” de legítimas restricciones a la libertad de expresión –como es el caso del respeto a los datos personales–. “Cuando la libertad de expresión es controlada, múltiples libertades también se ven restringidas y la democracia retrocede; sin libertad de expresión todos los demás derechos están en riesgo”, sentenció.
Ruelas advirtió que la protección de datos personales también se ha convertido en “instrumento de cesura y olvido”, al explicar los intentos de “censurar datos personales de archivos históricos” para clasificarlos como documentos confidenciales, incluyendo los archivos de movimientos históricos del pasado, donde se da cuenta de cientos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones arbitrarias, “hasta archivos del siglo XIV”. Estos documentos de la Santa Inquisición han sido cerrados “porque alguien consideró que se estaría atentando la memoria de los difuntos”, alertó.
“Los periódicos chorrean sangre. Los periodistas que han denunciado todos los crímenes mencionados, la inefectividad de las políticas públicas y las graves violaciones a los derechos humanos o el vínculo entre empresarios políticos y crimen organizado son los que han sido demandados, amenazados, torturados, exiliados, desaparecidos o asesinados. El mensajero termina como blanco de las agresiones de los grupos que se sienten exhibidos o ven sus intereses amenazados”, destaca el informe de Articulo 19 al recordar la palabras de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y fundador del periódico Río Doce, quien antes de ser ultimado decía: “Como periodista, le puedes echar a perder el negocio a mucha gente; no lo olvidarán, te odiarán y en la primera oportunidad cobrarán venganza”.
El organismo advierte que en el país existen “zonas de silencio” donde ya no se publican, por ningún medio, las informaciones de interés público. “Fue el dinero el que silenció a la prensa; después, la violencia y el miedo, la persecución de periodistas y la impunidad. Así, Ruelas recordó el compromiso del actual gobierno para crear un organismo regulador de la pauta oficial y que el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su regulación a más tardar el 30 de abril de este 2018; “no obstante, puntualizó Ruelas, de enero de 2013 a diciembre de 2017, se han gastado más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial; 56% destinado a 20 medios y el 44% restante a un total de 3 mil 108 medios.
Finalmente, el organismo pidió a los aspirantes a ocupar alguno de los tres mil 400 escaños que están en juego en estas elecciones del 2018 a que “se comprometan” a combatir la impunidad y garantizar la verdad y la justicia y a garantizar la libertad de expresión.
