Tras siete meses de que se llevara a cabo el cambio de administración y comenzaran las observaciones a diversas irregularidades del Gobierno de Playa del Carmen que encabezó Laura Beristain Navarrete, se logró el primer resolutivo en su contra.
En este caso, la Contralora Municipal de Solidaridad, Leslie María Ávila Vera, informó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (Tjaqroo) dictó responsabilidad administrativa; esto luego de las irregularidades en el proceso de entrega-recepción.
Y es que, como se recordará, el actual gobierno local, que preside Lili Campos Miranda, acusó que no se le entregó el acta del proceso de entrega-recepción, ni mucha de la documentación que estaba obligada la anterior administración.
Incluso, en su momento el Síndico Municipal, Adrián Pérez Vera, señaló que tampoco se entregaron expedientes de denuncias contra el Ayuntamiento de Playa del Carmen y que, en consecuencia, se perdieron por no estar al tanto de los citatorios.
“Tenemos el tema del Tribunal Superior de Justicia, ya tenemos la información, salió el viernes la determinación”, dijo la contralora; “fue dictaminado como acto de responsabilidad administrativa en contra de la ciudadana Laura Esther Beristain Navarrete, por no cumplir como procede la entrega-recepción de la administración 2018-2021 a la entrante; ya se determinó y procede continuar con el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo para determinar la sanción”.
Es decir, que con este fallo se podría inhabilitar a la hoy Regidora por un tiempo determinado para que no ocupe cargos públicos.
En tanto, de las denuncias por las irregularidades de la cuenta pública del 2019, y que ascienden a unos 230 millones de pesos, Ávila Vera refirió que “estamos en el proceso, agotando las diligencias y en su momento haremos saber la información para no entorpecer el procedimiento; efectivamente, tenemos las denuncias y a través de la Dirección de Investigación se da el procedimiento para tener la información completa en tiempo y forma”.
Por último, comentó que el área de Investigación tiene alrededor de mil 300 expedientes de denuncias contra funcionarios públicos, aunque la mayor parte son por actos administrativos.
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