La Cámara de Diputados avaló la noche del miércoles una reforma al sistema de justicia penal que agrega nuevos delitos al catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Entre los nuevos delitos incluidos se encuentran la extorsión, el tráfico de fentanilo y el contrabando de facturas falsas. Sin embargo, durante el proceso de discusión, se realizaron algunos ajustes importantes al dictamen original.
De acuerdo con la reforma, se retiraron del listado de delitos con prisión preventiva el narcomenudeo y la defraudación fiscal, dos de los puntos originalmente propuestos por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. El coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal, explicó que la decisión de excluir el narcomenudeo se debió a un enfoque más orientado hacia el tratamiento social de este delito, particularmente para ofrecer alternativas a los jóvenes involucrados, en lugar de recurrir a la prisión preventiva.
En cuanto a la defraudación fiscal, Monreal señaló que, tras un intenso debate dentro de su bancada y con los sectores económicos del país, se determinó no incluirla como un delito grave, ya que consideraron que se trataba de un asunto que podría requerir una reforma fiscal más profunda en el futuro.
A petición de la Fiscalía General de la República, se decidió incluir el tráfico de precursores químicos y sustancias químicas esenciales para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, que se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad y la salud pública en México y el mundo.
Otro de los cambios importantes en la reforma fue la inclusión de una disposición que obliga a los jueces a atenerse a la literalidad de la orden de prisión preventiva oficiosa, evitando que los presuntos delincuentes sean liberados por cuestiones técnicas jurídicas. Esto busca garantizar que las personas acusadas de delitos graves no puedan eludir la prisión preventiva por “argucias legales”.
La reforma fue aprobada con 335 votos a favor y 108 en contra. La minuta fue enviada al Senado de la República para su ratificación y, en caso de ser aprobada, entrará en vigor como parte de una serie de medidas diseñadas para fortalecer el combate a la delincuencia organizada y otros delitos graves en el país.
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