La empresa Agregados y Bloques del Carmen S.A de C.V. (ABC) ha deforestado cientos de hectáreas de selva de gran valor ecológico de manera ilícita
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Era una noche de finales de agosto cuando llegó a la policía la denuncia de la presencia de hombres armados con machetes invadiendo un terreno en el que se abría una brecha que se comunicaba con varios asentamientos irregulares. El suceso no era sorpresivo, al contrario, era casi esperado, pues se trataba de Balamtun, gigantesco polígono del cual se estaban disputando 50 hectáreas Marciano “Chano” Toledo y la empresa Agregados y Bloques del Carmen S.A de C.V. (ABC), propiedad de Eduardo Solís Preciat.
Las patrullas arribaron al lugar donde apenas hacía tres días habían acudido a repeler al mismo grupo de invasores. La situación, no obstante, había cambiado pues los trabajadores de ABC ya no intentaban ingresar, sino que se habían instalado, colocado carteles e incluso presentado papeles que supuestamente acreditaban su posesión. Pese a los reclamos de “Chano” Toledo, los uniformados en esta ocasión optaron por no intervenir, pidiéndole al despojado interponer su denuncia para luego retirarse. En tanto, la remoción de centenares de metros cuadrados de selva continuaba imparable.
El afectado no tenía necesidad de interponer denuncia, pues se trata de un reclamo añejo que se dirime en tribunales hace años. Pese a aseverar tener títulos de propiedad por Balamtun, por el que incluso paga predial, de forma repetida la bloquera ABC ha pretendido usurpárselos diciendo que son el predio Calotmul, del que se dicen posesionarios.
Con base en estos permisos, Carlos Góngora González, apoderado de Agregados y Bloques del Carmen S.A de C.V., negó estar invadiendo e incluso que se estuviese dañando al medio ambiente: “Tenemos los permisos forestales correspondientes, la empresa empezó actividades en estos predios en el año 2000 y hemos recibido dos visitas de la PGR, también por la Profepa. Esta última dependencia ha abierto procedimientos, pero donde después de terminar, el Tribunal Fiscal Regional determinó que no hay delito que perseguir porque no es suelo de uso forestal”.
“Cuando sea necesario nos presentaremos ante la dependencia para demostrar que en principio no es suelo forestal”
Agregó que los permisos forestales datan del año 2003, tanto por parte del Gobierno del Estado como de la Semarnat, para realizar las actividades de extracción de material para la fabricación de bloques, bovedillas, polvo, grava y demás agregados para la construcción. “Nos informaron que hay una clausura de la Profepa en la parte de un camino, en realidad nos enteramos por la prensa, porque la empresa no tiene citatorio alguno. Sin embargo, en el momento que sea necesario nos presentaremos ante la dependencia para demostrar lo que tenemos a nuestro favor, que en principio es que no es suelo forestal. En segundo lugar, que tenemos los permisos ambientales correspondientes y además contamos con toda la documentación necesaria que los avala. Tenemos expedidas las licencias de funcionamientos por parte del Ayuntamiento de Solidaridad”.
Cuestionado sobre la propiedad de los predios, específicamente sobre los títulos de propiedad, Góngora González esquivó la pregunta diciendo que tiene en su poder la documentación que ampara la posesión: “para que la empresa tramitara los permisos, demostró su legítima posesión, hay diversas maneras de acreditarla. Marciano Toledo tiene un juicio contra la empresa Agregados y Bloques del Caribe por despojo, pero pasa lo mismo, nos enteramos por los medios, pero no tenemos un conocimiento real de que exista la denuncia”. Llama la atención que se refiere a la posesión, no un documento que avale la propiedad.
El abogado de Agregados y Bloques del Carmen S.A de C.V., cuyo dueño es Eduardo Solís Preciat, confirmó que existe un conflicto entre cuatro involucrados que aseguran son posesionarios, por ello “la empresa inició un proceso legal, denominado interdicto, para poder tener la posesión contra Marciano Toledo. Se le notificó el día 6 de septiembre de este año, en donde se le prohíbe por el juez en turno que moleste o perturbe la posesión que tiene Agregados y Bloques del Carmen en los predios Calotmul 1 y Calotmul 2, mientras se desarrolla este juicio para tener posesión. No hay ninguna razón para dejar de trabajar en estos predios que abarcan una extensión de 500 hectáreas, tenemos otros predios con los que la empresa opera en un total de 800 hectáreas”.
“No hay ninguna razón para dejar de trabajar en estos predios de 500 hectáreas, tenemos otros con los que la empresa opera en un total de 800 hectáreas”
Cabe señalar que el recurso de interdicto, prima la agilidad y la resolución rápida sobre la cuestión jurídica de fondo. De esta manera, los fundamentos y alegatos de complejidad normal habrán de reservarse para el procedimiento declarativo a celebrarse posteriormente, y que esta vez, sí tendría un carácter definitivo y no provisional. Un interdicto no puede tener jamás valor de cosa juzgada, su objetivo es atribuir la posesión de una cosa a una determinada persona física o jurídica frente a otra, de manera provisional, y es usado cuando se tiene la posesión pacífica de un bien, mas no la propiedad.
EL ECOCIDIO
Es importante precisar que no se trata de los mismos predios en los que se disputa la posesión, sino de otros aledaños que son propiedad de la empresa y donde el pasado 7 de septiembre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total de obras y actividades ilícitas a una fracción de 4,760 metros cuadrados dentro del predio denominado Balamtun, donde la empresa “ABC Construcción” de Playa del Carmen realizó trabajos de apertura y revestimiento de caminos con la consecuente destrucción de selvas.
A dos kilómetros de esta primera afectación donde se removió vegetación forestal de selva baja en una superficie de 44,280 metros cuadrados, se localizó otra afectación provocada por la empresa Agregados y Bloques del Carmen S.A. de C.V, “ABC Construcción” de Playa del Carmen.
600 árboles por hectárea fueron destruidos por la empresa
Dichas actividades irregulares se encontraron en seguimiento a la primera visita de inspección donde la Profepa obtuvo evidencia de los daños ambientales y constató que fueron removidos más de 600 árboles por hectárea, utilizando maquinaria pesada de tipo oruga. Se encontraron restos de ramas, puntas, troncos y tocones que fueron apilados a la orilla del área afectada. Se estima que la reparación del daño ecológico en esta zona podría llevar a la naturaleza más de 100 años.
La reparación del daño ecológico podría durar más de 100 años
También se constató la afectación de especies como tzalam (Lysiloma bahamensis), chechem (Metopium brownei), jabin (Piscidia communis) y palma chit (Thrinax radiata), entre las que se encuentran especies de flora y fauna silvestres con categorías de riesgo enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
Entre otros daños graves al medio ambiente, está el derribo de la vegetación que destruyó el suelo forestal, perdiendo gran parte de su cubierta fértil, acción que rompe con el equilibrio natural y pone en riesgo el ecosistema de selva baja.
Por si fuera poco, también se eliminaron importantes servicios ambientales como la filtración de lluvia que recarga los mantos acuíferos y que abastece de agua potable a la población de Playa del Carmen, además de la captura de carbono y de la pérdida de especies vegetales y animales que mantienen el equilibrio ecológico en la zona.
El ecosistema afectado es parte de la biosfera terrestre que se encuentra fraccionada pero que cubría una extensa zona de selva verde que albergaba especies de animales en peligro de extinción como el jaguar (Panthera onca), el mono araña (Ateles jeoffroyi) y la iguana rayada (Ctenosaura similis).
Al continuar con la inspección que se llevó a cabo en la parte colindante con el fraccionamiento Cristo Rey, se observaron nuevos daños e impactos ambientales a los recursos naturales por la empresa “ABC Construcción” que realizaba la apertura de caminos y obras de construcción en el predio denominado Balamtun, lo que ocasionó el derribo de la vegetación natural sin autorización.
En el sitio se observaron rastros del uso de maquinaria ocasionando la pérdida de importantes recursos biológicos que repercuten en daño al suelo y en el desplazamiento de la fauna silvestre en el lugar. Se detectó la apertura de brechas, vialidades no autorizadas y proyectos ilegales de cambios de uso de suelo en terrenos forestales, así como la extracción de materiales pétreos para el recubrimiento de caminos. Con la clausura se detuvieron excavaciones profundas en zonas altamente vulnerables, cuyos impactos ambientales son severos y limitan ahora el restablecimiento del ecosistema original.
Cabe mencionar que las irregularidades cometidas en el cambio de uso de suelo no autorizado podrían ser sancionadas hasta con 20 mil días de salario de Acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). Además, se podrán instaurar las denuncias penales correspondientes que, de acuerdo al Código Penal Federal, pueden alcanzar de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa para quienes resulten responsables.
“CHANO” CULPA A MENDICUTI DEL DESPOJO
Marciano “Chano” Toledo Sánchez denunció el ecocidio que la empresa Agregados y Bloques del Carmen S.A. de C.V realizó en cerca de 100 hectáreas. Además dijo que la devastación continúa porque la empresa no ha detenido las excavaciones que, a simple vista, se pueden apreciar son de siete metros de profundidad, por lo que el daño es irreversible. Lamentó que la tierra haya quedado totalmente erosionada y sea imposible rellenar las oquedades.
Agregó que ante la inoperancia de autoridades locales en el caso, decidió acudir a la Ciudad de México a presentar dos denuncias ante la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que apremia que no se permita la devastación de un metro más de tierra.
Sobre la posesión del predio, aseguró que es el legítimo dueño de los predios denominados Balamtun, ya que tiene la documentación que lo avala, así como el pago del impuesto predial, documentos de Catastro y del Registro Público de la Propiedad.
Asimismo, culpó al ex secretario de Gobierno de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti Loría, de estar detrás de este despojo, ya que este funcionario fue el ex gerente de esta empresa, de ahí que Toledo Sánchez acudiera a la capital del país, pues dijo que hay intereses a nivel local que estarían operando para permitir el ecocidio y perpetrar el despojo. Aseguró que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha otorgado permisos que no le corresponden y que son precisamente los que ostenta Agregados y Bloques del Carmen S.A. de C.V. Precisamente, la empresa se defiende señalando estos permisos, que aseguran sólo se pudieron obtener acreditando la propiedad, cuando lo más sencillo sería mostrar estos títulos.
Fotos: Adriana Olvera
