La Corte Constitucional de Ecuador aprobó, por primera vez el miércoles, la práctica de la eutanasia luego de una demanda interpuesta por una mujer de 42 años que enfrenta una enfermedad terminal.
Además, la Corte otorgó un plazo de dos meses al Ministerio de Salud para desarrollar un marco normativo sobre la eutanasia activa y seis meses a la Defensoría del Pueblo para redactar un proyecto de ley que establezca regulaciones al respecto. Por otro lado, la Asamblea tendrá un período de 12 meses para discutir y aprobar la legislación.
Esta medida se deriva de la batalla legal liderada por Paola Roldán, quien sufre de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que gradualmente afecta sus músculos y requiere asistencia de oxígeno y cuidado especializado las 24 horas del día.
A fines del año pasado, Roldán dijo en su cuenta de X, antes Twitter, que “no sé cuánto más me quede en esta lenta agonía” y contó que estuvo al borde de la muerte varias veces.
La sentencia de la Corte Constitucional, que es el principal órgano encargado de la interpretación y control de la constitución, estableció la “constitucionalidad condicionada” de la muerte asistida para Roldán, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos: que el procedimiento sea realizado por un médico y que Roldán exprese su consentimiento de manera clara, libre e informada, o a través de un representante en caso de no poder hacerlo ella misma.
Además que padezca sufrimiento intenso provocado por una lesión que necesariamente deberá ser de carácter corporal, grave e irreversible o una enfermedad que sea grave e incurable.
El fallo también aclaró que tendrá efectos inmediatos. Roldán había pedido a la Corte que en caso de que falara a su favor le permitiera poner en práctica la muerte asistida después de 15 días.
A mediados de enero la mujer relató que entre Navidad y Año Nuevo estuvo a punto de morir docenas de veces por atoramiento y que incluso recibió los santos óleos, según contó en su cuenta de X mientras urgía a los magistrados de la Corte una respuesta a su pedido.
En agosto de 2023 Roldán demandó la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal que tipifica el delito de homicidio y prevé una pena de 10 a 13 años de prisión.
Según la demanda, esto implica una sanción a quienes intervengan en la aplicación del derecho a la muerte digna. El escrito argumentó que la muerte digna es un derecho de “quienes padecen y han sufrido enfermedades graves o incurables” y deciden de manera “libre y voluntariamente poner fin a su vida” para detener los “sufrimientos o dolores intensos físicos o emocionales”.
Roldán presentó los primeros síntomas de la enfermedad en 2020 y la enfermedad fue progresando hasta dejarla postrada en una camilla. Sólo puede alimentarse por vía intravenosa.
“Semana a semana soy testigo consciente de cada facultad que voy perdiendo”, había dicho en noviembre a los jueces de la Corte Constitucional ante los cuales compareció vía internet.
La mujer siempre aclaró que su demanda para que se le permita acceder a la eutanasia no buscaba “revictimizarse” ni causar lástima y precisó que lo único que merecía era “una muerte con dignidad”.
En Ecuador la eutanasia no es legal pero sí se contempla la “eutanasia pasiva”, que permite a un familiar tomar la decisión de desconectar los equipos que mantienen con vida a un paciente, de acuerdo con el Código de Salud.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, en el país existen 58 casos de enfermedades neuromotoras degenerativas e incurables.
Colombia es el único país de la región donde se despenalizó la eutanasia, mientras en Chile continúa en debate.
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