El número de arrestos de migrantes intentando cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos alcanzó en enero su punto más bajo en dos años, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las autoridades atribuyen esta disminución a la ampliación a inicios de enero del Título 42, una polémica normativa sanitaria, para permitir las expulsiones en caliente de los migrantes haitianos, cubanos y nicaragüenses
Al 31 de enero, las detenciones de personas de estas tres nacionalidades, junto con los venezolanos, quienes están sujetos al Título 42 desde octubre, disminuyeron a un promedio de 95 al día, una caída del 95 por ciento en comparación con los mil 231 arrestos diarios que se reportaron a inicios de mes, indicó un funcionario del DHS.
“En enero vimos el número más bajo de arrestos por parte de la Patrulla Fronteriza desde febrero del 2021″, subrayó el funcionario.
El uso del Título 42 por parte del Gobierno de Joe Biden ha sido criticado ampliamente por organizaciones de derechos humanos e incluso algunos miembros del Partido Demócrata.
“Sobre el terreno, en la frontera, está muy claro que mucha gente de esas cuatro nacionalidades esperan en el lado mexicano e intentan desesperadamente conseguir una cita (con la aplicación de solicitud de asilo CBP One, que no puede satisfacer la demanda”, señaló Yael Schacher, directora para las Américas y Europa de la organización International Rescue Committee.
Mucha gente, en su opinión, está en peligro o en apuros y se arriesga a cruzar la frontera de incógnito en lugar de entregarse, tal y como habrían hecho antes de estar sujetos al Título 42.
A finales de enero, un grupo de 80 congresistas demócratas, encabezado por el senador Robert Menéndez, pidió al Ejecutivo dar marcha atrás a la decisión de expulsar a las personas de Cuba, Nicaragua y Haití que crucen la frontera con México.
“El Título 42 es una burla de la ley nacional e internacional”, escribieron.
El Gobierno de Biden se ha defendido de las críticas, asegurando que tiene que seguir aplicando ese programa por orden del Tribunal Supremo, que en diciembre aceptó una petición de una veintena de estados gobernados por republicanos y determinó que el Título 42 debía seguir activo.
Además de la expansión de la normativa, que restringe el acceso al asilo en la frontera, el Gobierno planea imponer un veto de cinco años de entrada a Estados Unidos a las personas que crucen la frontera de forma irregular.
La normativa, heredada del mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021), ha permitido más de 2,5 millones de arrestos desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.
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