Agencia EQR
LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- Un grupo de ejidatarios fue sancionado por defenderse de un fraude millonario que pretendía realizar el consorcio O Gorman en el ejido de San Ángel con anexo Chiquilá.
Uno de los ejidatarios que fue sancionado y quien omitió su nombre explicó que el actual presidente del comisariado ejidal, José Cárdenas Domínguez, conjuntamente con un grupo de personas calificadas como “vividoras”, entre ellas, Ignacio Cáceres Correa, Héctor Loeza Promotor, Zacarías Ortiz Jiménez y Alberto Loeza Promotor, apoyaron para que se sancionara al grupo de labriegos que lucha una parte de sus tierras y que pretende agenciarse el consorcio O Gorman.
Destacó que la directiva ejidal, conjuntamente con este grupo de personas, han recibido dinero para desistir de las demandas para defender el patrimonio de 294 ejidatarios.
Reveló que los ejidatarios sancionados fueron: Elli Marvi Canche Estrella, Isidoro Victoriano Mendoza de la Cruz, Adolfo Álvarez Mendoza, Florentino Gonzáles Cortéz, Alberto Fabián Iñigo Fuentes, Manuel Promotor Rivas, Leopoldo Hernández Garduza, Silverio Ortiz Águila, Nohemí Farías Arguelles, Navor Álvarez Vicente, Narciso Promotor Rivas, Joel Temix Cabañas, Rogelio Martínez Contreras, Manuel Ponce Aguayo. Además, José Ángel Ponce Aguayo, Ligia Marisol Contreras Arceo, Octavio Goxcon Mozo y Felipe Goxcon Beltrán, argumentando que alteran la paz social, armonía y tranquilidad del ejido.
El ejidatario explicó que el Registro Agrario Nacional tiene conocimiento de que el parcelamiento fue irregular, porque no se cumplió lo que señala la ley agraria, ya que faltó el dictamen forestal señalado por la Ley Agraria en su Artículo 49.
Recordó que se asignaron hasta cuerpos de agua y todas las tierras son montes altos, pero sobre todo recae la responsabilidad de las autoridades gubernamentales que participaron en el robo de tierras al ejido de San Ángel con anexo Chiquilá, simulando que tienen todos los requisitos como son el actuar del ex delegado del Registro Agrario Nacional, Rodolfo Vallin Lugo y de representantes de las autoridades de la Procuraduría Agraria.
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