CHETUMAL, Q. ROO.- En el Día Mundial del Agua, la Diputada Laura Berinstain Navarrete presentó una iniciativa de reforma a la Constitución de Quintana Roo para garantizar el derecho humano de acceso al agua potable. Estableciendo las acciones que deben implementar los municipios y el estado para materializar este derecho. Asimismo, se prohíbe la privatización de este servicio público, que debe ser suministrado por el estado.
“Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente”: Organización de las Naciones Unidas.
Berinstain Navarrete señaló que “cerca de 700 millones de personas en el mundo aún no tienen acceso al agua potable y Unicef estima que cada menos de 20 segundos un niño muere en algún rincón del planeta por enfermedades relaciones con la falta de acceso a fuentes seguras de agua”.
La diputada señaló que “no veo manera de celebrar el Día Mundial del Agua, que presentando una iniciativa de reforma constitucional para sentar las bases del derecho humano al acceso al agua potable y que este ya no sea solo un párrafo perdido en un extenso artículo 31 junto a otros derechos, sino que este derecho esencial requiere su propio artículo, donde este derecho sea más extenso y detallado y donde además se garantice de manera expresa su acceso sin restricción alguna, ya que el suministro no puede ser interrumpido”.
“Además, en otro artículo se detallan las acciones que deben emprender los municipios o en su defecto el estado para garantizar el acceso al agua como lo manda el artículo 4 de la Constitución Mexicana. Con esta reforma además se garantiza que el agua potable sea un servicio público en manos del estado al prohibir expresamente la privatización de este servicio. El agua es un derecho, no un negocio”, manifestó ante el Congreso del Estado.
La experiencia internacional de privatización de las empresas administradoras y distribuidoras de agua es una buena ventana a los conflictos que engendra la privatización de los servicios básicos. Demuestra también la imposibilidad de compatibilizar la búsqueda de ganancias con la provisión equitativa y sostenible de servicios básicos; es decir, en hacer que la privatización beneficie a los más pobres.
Además, señaló que “en Quintana Roo y en todo México se debe proporcionar un agua saludable, que se pueda bebe, hoy nuestro País es el número uno en consumo de agua embotellada. Ese es un proceso indirecto, oculto de privatización: el negocio dela extracción, el embotellamiento y distribución de agua embotellada. Hoy en muchas comunidades de Quintana Roo no llega el agua potable, pero sí llega el camión de Coca Cola y el botellón de agua Cristal”.
“La evolución en el consumo de agua potable va de la mano con la privatización del suministro de agua potable, siendo potencialmente posible verlo como resultado de una mercantilización del recurso hídrico. Por ello debemos de fijar las bases para defender nuestro derecho humano de acceso al agua potable apta para el consumo, seguir los pasos que han dado nuestros hermanos sudamericanos para garantizar el acceso al vital líquido, hoy con esta reforma propuesta, el PRD y Morena demuestran que las izquierdas unidas forjan los cimientos de un pueblo progresista y con justicia social”, enfatizó.
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