CANCÚN, Q. ROO. –Barcos Caribe, empresa dedicada al traslado de turistas de Playa del Carmen a Cozumel, iniciada bajo el amparo del gobierno de Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, involucra una red de familiares. Esa es la empresa que se investiga por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presuntas irregularidades en la compra de ferrys; uno de los casos por los que se persigue al cozumeleño ahora preso en Panamá.
La sociedad, según se ha difundido desde 2010, está integrada por las familias de exgobernadores de esa entidad, las de González Canto y Borge Martín; inició operaciones en febrero de 2015 bajo la razón social Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A. de C.V., para prestar el servicio de cruce turístico entre Cozumel y Playa del Carmen.
Entre los socios que conforman esta empresa se encuentran Franco González (tío del senador Félix González Canto), César Celso González Hermosillo (Abogado de Roberto Borge Martín, papá de del ex gobernador) y Lourdes Pinelo Nieto (su asistente personal).
Además de integrantes de las familias González-Borge, como los hermanos Lenin Matías y Franco González Padrón, padres del gobernador y del ex alcalde de Cozumel, Juan Carlos González Hernández (2008-2011).
En noviembre de 2013, Juan Carlos González Hernández, asumió el cargo como delegado regional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Cancún, anteriormente se desempeñó como secretario de Turismo de Quintana Roo.
La empresa naviera estuvo encabezada por Roberto Borge Martín, padre del ahora ex gobernador preso en Panamá, Roberto Borge Angulo, quien habría invertido un capital de al menos 20 millones de dólares, del que se presume el 5% fue desviado del Ayuntamiento de Cozumel.
De acuerdo con las denuncias de algunos medios locales, para 2014 la facturación de la empresa “alcanzó 400 millones de pesos anuales”.
En marzo de 2017, ya concluida la administración de Borge Ángulo, la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A de C.V, fue denunciada por un particular ante el SAT, la cual fue admitida el 7 de marzo, por irregularidades en la compra de embarcaciones.
La denuncia fue acompañada con un paquete de pruebas que incluyen el acta constitutiva de la compañía naviera; los contratos de compraventa de cada una de las embarcaciones y los registros de 21 transferencias bancarias realizadas por Barcos Caribe a las empresas proveedoras, entre septiembre de 2015 y octubre de 2016, que presuntamente no fueron reportadas al SAT. (Fuente: 24 horas.com).
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