CIUDAD DE MEXICO.- Dos cubetadas de agua fría recibió México en los últimos días, además de la sacudida por el triunfo de Trump: el anuncio de la renuncia de Agustín Carstens al Banco de México, que impactó a los mercados por darse en un momento de especial incertidumbre en el ámbito económico, financiero, comercial y monetario, ya no digamos político y diplomático. Aunque es una de las instituciones más asentadas en su grado de autonomía y solvencia técnica, queda la duda de si, para el reemplazo en Banxico, el presidente no volverá a caer en la pifia de enviar como propuesta a algún amigo, compadre o primo de alguien, para ponerlo a consideración del Senado que, complaciente, es capaz de aprobarlo. Descabellado sí, pero no imposible que suceda, si nos atenemos a la clara e indebida inclinación presidencial de poner a los cuates en espacios cuya naturaleza requiere autonomía a toda prueba.
La segunda cubetada corrió a cargo del general Cienfuegos, quien lanzó, esta semana, una serie de afirmaciones, veladas amenazas y solicitudes de ayuda. Todo en una misma sentada.
Justo cuando se cumplen 10 años de la “guerra contra las drogas”, el secretario lanzó un alegato entre amenazante y recriminatorio: “…quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros… no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra función es otra y se está ‘desnaturalizando’… estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque no hay quien las pueda hacer”, indicó el general.
Entrado en gastos, el general planteó un escenario de posible desobediencia militar. Aunque lo dijo aludiendo solo a la tropa, dicho por él y en ese tono, adquiere implicaciones mayores: “Nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, entonces les sale más barato”.
Al final, apareció el peine: “… quiero pedirles que nos ayuden con esto de la ley de seguridad interior, porque podemos servir mejor, podemos servir con un respaldo jurídico”. Se refería Cienfuegos al marco legal que exigen las Fuerzas Armadas para cumplir con labores de “seguridad interior”. Nótese que ya no se habla de seguridad pública, sino de seguridad interior, que son dos cosas distintas.
Es obvio que, con ese discurso, el general puede provocar escalofrío en la espalda de varios, empezando por la del presidente, supongo. Un general que dice no querer hacer lo que se le ha mandado hacer -bien o mal- el poder civil en los últimos años, no es un mensaje que proyecte, precisamente, seguridad.
Se ha dicho, y subido el tono al hacerlo, que en el marco del nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral, es indispensable dotar de soporte jurídico y legal a las tareas que desempeñan, desde hace años, los militares en el combate al crimen organizado.
Ahí mismo, el secretario de Gobernación dijo que en el nuevo sistema el Ejército no tiene legalidad y que, incluso, por esa razón, el gobierno ha empezado a cancelar acuerdos con los estados. Así, sin más, nos anuncian que el Ejército ya está en retirada y que seguirá por esa ruta, en tanto -se entiende- el Congreso no apruebe una ley con la que los militares se sientan a gusto y seguros jurídicamente. ¿Esa fue decisión del gobierno o del propio Ejército? No sería la primera vez en este sexenio en que el Ejército hace recular al poder civil, a quien le temblaron las piernas, por ejemplo, cuando el Ejército dijo No a la promesa que Osorio Chong hizo a los padres de Ayotzinapa para revisar los cuarteles.
Son momentos críticos los que hoy se viven y tenemos que pensar en ¿cómo será México si naturaliza la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, interior y puertos? ¿Cómo será si también, como se pretende, se otorgan poderes a ministerios públicos y jueces castrenses para actuar en el ámbito de los civiles? ¿Cómo será México si termina por ser militarizado?
