En Quintana Roo arranco el programa de rescate de accesos públicos a playas por parte del gobierno de México, esto para evitar la privatización de los arenales por parte de los hoteleros y así garantizar el tránsito por la zona federal marítimo terrestre, con el fin de que la población recupere espacios de convivencia y disfrute de la naturaleza.
La iniciativa es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el ayuntamiento de Solidaridad.
La directora general de la Coordinación de Oficinas de Representación de la Sedatu, Ana Gabriela González González, realizó un recorrido por algunos de los accesos que serán recuperados en Punta Esmeralda, Xcalacoco y Playacar; además visitó la colonia Luis Donaldo Colosio para, que junto con el Instituto del Suelo Sustentable (Insus), se regularice un predio que cuenta con acceso directo a la playa.
La directora de la Sedatu detalló que además de buscar que los accesos a playa sean incluidos y respetados en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), que está en actualización, se trabaja para que al predio de la colonia Luis Donaldo Colosio se le dé densidad cero para que quede como una reserva, un parque que conecte a la colonia con la playa.
“En Punta Esmeralda lo que vimos es que hay un cenote de agua dulce, mezclado con el mar. ¡Es hermoso! Debemos mejorar la infraestructura que ya existe ahí.
“En sitios como Playacar, que es un fraccionamiento privado, ya le dan permiso a la población para que entre caminando, pero pensamos que esto debe ampliarse para que entren con bicicleta, por ejemplo. Entendemos que en auto es complicado, pero a pie, el sol, el calor, pues tampoco es tan adecuado y sí, insuficiente”, expresó.
Varios de los accesos ya están consignados en el PDU pero no se respetan ya que solo existen “en un Papel”
González González admitió que varios de los accesos están ya consignados en el PDU e incluso publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero no se respetan, pues sólo existen “en papel”. Algunos, están cerrados con una pluma, añadió.
“Ya están los accesos, pero en los hechos no están abiertos, por eso el ayuntamiento tiene la responsabilidad de liberarlos. Hay otros casos en los que están los accesos libres, pero lo que no existe es la vialidad, lo cual también es responsabilidad del ayuntamiento.
“Para eso se está trabajando también con la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofematac) para que en coordinación con el ayuntamiento se prioricen los acuerdos de destino. El municipio debe tener la capacidad de gestión para garantizar que los accesos sean una realidad para que habitantes y turistas accedan sin ninguna restricción”, subrayó.
Consideró que el impacto de recobrar para la gente estos espacios públicos se traducirá en mejorar su calidad de vida, apropiarse de sus playas y descongestionar aquellas en las que hoy se concentra la población.
La gente tiene derecho a disfrutar del lugar en donde vive
Recordó que, durante años, los residentes de centros turísticos como Cancún y Playa del Carmen han denunciado episodios en que se les restringe el acceso o permanencia en algunas playas e incluso se les ha expulsado de ellas bajo distintos argumentos.
“Vivir en esta región no se trata sólo de trabajar de sol a sol, la gente tiene derecho a disfrutar el lugar en donde eligió vivir, tener acceso a las playas y encontrar en ellas un espacio digno, con servicios de calidad”, apuntó y añadió que la meta para este 2020 —al atravesarse la pandemia del coronavirus Covid-19— es recuperar al menos cinco accesos públicos.
Asimismo, accesos públicos a playas han sido bloqueados por particulares o cadenas hoteleras, lo que ha restado posibilidad a la población para ingresar y disfrutar a espacios que pertenecen a las y los mexicanos.
“El rescate y recuperación de espacios públicos, como son las playas, es un tema de justicia social. Desde hace muchos años se privilegió a la iniciativa privada que, en ocasiones, fue apoderándose de estos lugares, que en realidad son propiedad de la nación.
Este programa nació en Solidaridad en febrero de este año
El principio de este programa nació en Solidaridad, en donde en febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió e instruyó al consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer, a regularizar los asentamientos irregulares para que a final del sexenio se hayan entregado las escrituras y se solucione el tema de tenencia de la tierra.
También ahí se desarrolla, desde el año pasado, otro programa, a través de la Sedatu, para la construcción de obras de equipamiento urbano por poco más de 230 millones de pesos.
