Ciudad de México.- Bloquean las cuentas de los líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, como parte de una investigación por lavado de dinero y presunto vínculo con la mafia rumana que operaba en las zonas turísticas del estado.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), José de la Peña Ruiz de Chavez, diputado estatal del PVEM, así como empresarios, ex funcionarios públicos y políticos están bajo investigación por el presunto delito de lavado de dinero de la mafia rumana.
La UIF, también solicito el bloqueo de las cuentas del titular de la Notaría 37 en Cancún, Naín Gabriel Díaz Medina y del ex Secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez (Cancún), José Luis Jonathan Yong, en la gestión Remberto Estrada (2016-2018), quien obtuvo esa Alcaldía con la bandera del Verde.
El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez es coordinador de la bancada del PVEM, presidente de la Comisión de Hacienda y promotor desde el Congreso de la exención de impuestos a nuevos casinos en la entidad.
Es hijo de Benjamín de la Peña Mora, notario que escrituró los dos departamentos que el fundador del PVEM, Jorge González Torres, adquirió en la Torre Emerald, ubicada en la zona hotelera de Cancún, valuados en más de 30 millones de pesos.
Además la UIF, que encabeza Santiago Nieto, solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias a Adrián Nicolae Cosmin, socio de Florian Tudor, este último identificado como líder de la banda rumana y también a Jonathan Medina Nava, un ex fiscal del fuero común en Quintana Roo.
En lista también aparece Héctor Ortiz Solares, “El H-1 o el Bandido Boss”, líder del grupo autodenominado “Bandidos Revolution Team”, organización criminal que operaba en León, Guanajuato.
El grupo es señalado de realizar ciberataques al software que conecta a los bancos con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), con los que habrían sustraído millones de pesos a tres instituciones.
En el requerimiento realizado por la UIF a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se investiga también al operador político Israel López Salazar, presunto representante del Movimiento Nacional por la Esperanza, red supuestamente liderada por René Bejarano.
Desde 2019, López Salazar enfrenta una serie de denuncias por fraude y asociación delictuosa por defraudar a un grupo de empresarios en Quintana Roo, a quienes pidió sumas de dinero nombre del Gobierno federal.
También se enlistó a Edy Pérez Escobar, abogado de los rumanos y las empresas Corporativo de Asistencia en Salud Gama, con dirección en Polanco, Ciudad de México, y proveedora del gobierno capitalino, además de Inmobiliaria Crisantemo.
Esa inmobiliaria estaba a nombre de Ricardo Antonio Vega Serrador, “el zar de la gasolina”, investigado en 2004 por la entonces PGR por lavado de dinero. Vega Serrador, ligado al ex Gobernador Félix González Canto, otra vez aparece como parte de la investigación y con el bloqueo de sus cuentas bancarias.
En 2010 la empresa fue vendida a Francisco Evodio Garibay Osorio, ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) en el sexenio de González Canto.
A Garibay Osorio y a su hijo Ivan Eliud Garibay Pulido, ex director jurídico del Gobierno del estado en la Zona Norte en la gestión de Roberto Borge, también están bajo la lupa de la UIF y sus cuentas fueron bloqueadas.
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