La Comisión Nacional de Justicia Partidaria priísta inició la solicitud de expulsión por actos de corrupción contra el gobernador y César y Javier Duarte

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Durante la campaña presidencial de 2012, el entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, se refería a él como parte del nuevo rostro del tricolor. Hoy en día, ese mismo partido para el cual representaba la sangre nueva, ha iniciado un proceso en su contra que podría terminar en su expulsión.

Así ha cambiado la realidad de Roberto Borge Angulo, el gobernador de Quintana Roo que presumía en todos los foros en los que se presentaba de ser el mandatario más joven del país -llegó al poder con 31 años-.

Este jueves, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria priísta informó que se dio entrada a la solicitud de expulsión por presuntos actos de corrupción contra Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua.

Igualmente, la comisión admitió una solicitud contra el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, vinculado a proceso por uso indebido de funciones, por lo que también solicitó pruebas de las imputaciones en su contra.

Los procedimientos se abrieron luego de que el consejero político nacional, Armando Barajas, presentara denuncias en las que pidió la suspensión de sus derechos como militantes y, en su caso, la expulsión de los cuatro priístas.

El siguiente paso es requerir a los órganos estatales pruebas sobre los señalamientos de corrupción contra los gobernadores. Posteriormente se les notificará el proceso y se les dará derecho de audiencia.

 

LAS IMPUTACIONES

Acusaciones contra Borge hay muchas: despojos de terrenos, despidos injustificados, etc. pero lo que más ha causado molestia en el ánimo ciudadano es la aprobación del llamado “paquete de impunidad”, una serie de nombramientos y reformas con las cuales se busca blindar al mandatario y sus secretarios para que estos no puedan ser juzgados por presuntos hechos de corrupción.

Entre las medidas aprobadas por el Congreso local se encuentran seguridad personal por quince años, tanto para el ex gobernador y su familia, como para altos ex funcionarios de gobierno.

Se disminuye la gravedad de los delitos cometidos por servidores públicos o que afectan la hacienda, el patrimonio o el servicio público; por ejemplo, el delito de peculado ya no será delito grave.

Se disminuyen las sanciones privativas de libertad y pecuniarias, así el delito de peculado disminuye de 10 a 5 años.

Se establece que los delitos se persigan por querella.

Se disminuyen los plazos de prescripción de los delitos que pueden ser motivo de investigación y en su caso de procesamiento y sanción.

Se posibilitan los beneficios de libertad caucional, la conmutación de las sanciones y el perdón de la parte ofendida.

Se designó a un fiscal por un periodo de nueve años y un auditor estatal, nombramiento que recayó en un primo del exgobernador Félix González Canto, mentor de Borge.

 

SIN APOYO DEL PRESIDENTE

Antes del anuncio del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió en entrevista a los mandatarios estatales señalados por presuntos actos de corrupción.

Contrario a la amistad que presumía Borge con el jefe del Ejecutivo, este fue tajante en sus comentarios hacia él y otros gobernadores; se deslindó de ellos al decir: “creo que cada gobernante es responsable. Hoy están en curso distintas investigaciones para saber si realmente actuaron fuera de la ley o no. Me parece que cada gobernador, cada uno de ellos, tendrá que enfrentar los señalamientos de que son sujetos, tendrán que enfrentar, obviamente, las investigaciones que hoy se están realizando”.

Señaló que su gobierno tiene el compromiso de “no solapar, no permitir que haya actos de corrupción. Y que si eventualmente alguien incurrió en un acto de estos, que enfrente el peso de la ley”.

Foto: Agencia Reforma