Después de más de dos años de conflicto legal, las empresas de transporte urbano en Cancún están a punto de quedarse con la concesión del servicio por un periodo adicional de 10 años, sin que hayan mejorado las condiciones de las unidades en las que diariamente viajan miles de usuarios.
A pesar de los esfuerzos de la actual administración municipal y la anterior Legislatura de frenar la prórroga autorizada por el ex presidente municipal, Remberto Estrada Barba, esta semana las comisiones de Asuntos Municipales y de Movilidad de la XVI Legislatura tuvieron que avalar el nuevo periodo de concesión por una orden judicial.
Al respecto, Jorge Aguilar Osorio, coordinador de asesores de la presidencia municipal y ex secretario general del Ayuntamiento, afirmó que el gobierno municipal no firmará los documentos para otorgar el título de las concesiones hasta que las empresas garanticen la modernización del servicio público con el fin de que sea de calidad.
La prórroga, que fue aprobada en sesión del Cabildo de Benito Juárez, de fecha 4 de septiembre de 2018 por la administración de Remberto Estrada Barba, fue cuestionada por la XV Legislatura que ordenó al municipio reanudar el proceso. Sin embargo, los actuales diputados locales tuvieron que avalar esta extensión de la prórroga para cumplir la sentencia del juicio de amparo 763/2018-V-A, emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Sinaloa que le da la razón a los cuatro concesionarios.
Al respecto, Rodrigo Alcázar Urrutia, director general de Transporte y Vialidad del municipio de Benito Juárez, reconoció que será difícil verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en documento de prórroga, y que tienen como objetivo mejorar las unidades, porque la dependencia carece de personal, vehículos e, incluso, de un marco legal para sancionar a quienes no cumplan.
“La Dirección está muy acotada. Es una descomposición de años y no se ha ido aumentado conforme lo necesitaba la ciudad. Faltan facultades y recursos humanos y materiales, hay muchas carencias y se tiene que trabajar para fortalecer a la Dirección, porque será la encargada de auditarlos y checar a las concesiones”.
Señaló que a corto plazo, la dependencia a su cargo no se garantizaría que cumplan los puntos establecidos para que las empresas pudieran operar bajo esta extensión de la concesión, como dotar de tecnología para dotar de servicio WiFi, instalar cámaras de videovigilancia y “gobernadores de velocidad” en todas sus unidades para prevenir excesos y evitar accidentes, además de analizar la posibilidad de dotar de aire acondicionado en sus vehículos.
También se les pide a las cuatro empresas concesionarias –a– colaborar con la Dirección General de Transporte y Vialidad municipal para hacer un proyecto de señalización y paraderos en todo el municipio y la zona hotelera, así como “determinar la viabilidad operativa y de una organización de una sola concesionaria del servicio y de la implementación de una tarjeta de prepago”.
En ese último punto, el funcionario señaló que el gobierno municipal ha dispuesto todas sus baterías con las empresas que brindan el transporte público urbano para hacer una sola operadora.
“Primero es generar esa coordinadora u operadora en el que se incluyan a los cuatro concesionarios, ese es el objetivo principal, pero para ello necesitamos el reglamento, porque sin él no podríamos articularlo. Esa es la línea a seguir”.
Alcázar Urrutia recordó que esta operadora está contemplada dentro del Sistema Integrado de Transporte, que será regulado en el nuevo Reglamento de Transporte Municipal que está en elaboración y que, se espera, quede listo antes de que finalice el año.
En ese nuevo marco normativo, también se prevé que la Dirección General de Transporte y Vialidad municipal cuente con la facultad de imponer multas a las concesionarias que no cumplan con lo establecido.
“Al mediano y largo plazo, con una nueva reglamentación, se tienen que cumplir y mejorar los puntos exigidos para que puedan operar las concesionarias”, comentó, para luego añadir que, como está actualmente esta dependencia, no está garantizada la supervisión, sobre todo porque hay nueve inspectores para las casi 600 unidades del transporte público municipal.
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