Luego de la desaparición forzada de tres personas y la ejecución arbitraria de una más, todas de origen colombiano, hechos ocurridos en 2017 en el estado de Quintana Roo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 56VG/2022.
De acuerdo al organismo nacional, se cometieron violaciones graves, por lo cual la recomendación emitida está dirigida a autoridades federales y locales de Quintana Roo.
La comisión denunció que hubo violación de los derechos humanos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad, por la desaparición forzada de las cuatro víctimas; a la vida, por la ejecución arbitraria de una de ellas, y al acceso a la procuración de justicia en agravio de sus familias.
Los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017 en Cancún, cuando cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, mismos que exigieron dinero a sus familiares para liberarlas, quienes entregaron la cantidad acordada.
Sin embargo, tres días después, fue encontrado el cuerpo sin vida de una víctima, y las otras no fueron liberadas, pero sin embargo se desconoce hasta la fecha su paradero.
El personal de la Secretaría se niega a aceptar haber detenido y ocultado a las víctimas, en tanto que los servidores públicos cometieron faltas de seguridad y negaron los derechos humanos de las víctimas. Además, la Fiscalía General del Estado(FGE) omitió acciones en la investigación.
Ante ello, la CNDH solicitó al fiscal Alejandro Gertz Manero la reparación del daño en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que incluya una compensación “justa y suficiente” por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación.
También solicitó la inscripción de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas, a quienes se les deberá otorgar atención médica y psicológica; debiendo tomar en cuenta la recomendación en la investigación del caso, e incluir los datos de geolocalización de las líneas telefónicas, para poder localizar a las víctimas.
En tanto, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna deberá, en coordinación con la FGR y la CEAV, brindar la reparación integral y colaborar con el seguimiento de la denuncia ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, aunado a la elaboración de un plan de prospección para que se proceda con la búsqueda de las víctimas.
Por su parte, el titular de la FGE de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales y a la encargada de despacho de la presidencia municipal de Benito Juárez, Lourdes Latife Cardona Muza, se les solicitó la reparación del daño y la colaboración en la denuncia penal ante la Vicefiscalía de Asuntos Internos de la FGE, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (CEAVE-QROO).
Finalmente, un servidor público de alto nivel deberá ofrecer una disculpa pública a los familiares directos de las víctimas.
