CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 13 años de haber sido víctima de tortura por parte de policías del gobierno de Puebla, el día de hoy la ONU dio a conocer la resolución de un dictamen que favorece a la periodista, activista, escritora y feminista mexicana, Lydia Cacho Ribeiro.
En lo que constituye el “primer dictamen” de su tipo en contra del Estado mexicano, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió una serie de acciones que deberán tener respuesta en un plazo de 180 días.
¿En qué consiste la resolución?
En primer término, solicita una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva” por la violación de los derechos humanos de la que fue objeto Cacho Ribeiro por parte de agentes policiacos, en represalia por los hechos denunciados en su libro Los demonios del Edén.
Además, solicita que se juzgue y se castigue a las personas responsables de dichas violaciones.
En tercer lugar, requiere que el Estado mexicano expida una “compensación adecuada” a la periodista. Es decir, una reparación integral del daño.
Asimismo, solicita adoptar las medidas necesarias para que, en el futuro, las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Igualmente, el comité pidió la derogación, en todo el territorio mexicano, de los delitos de honor, es decir, la difamación y las calumnias, que permanecen tipificadas como delitos en la legislación de ocho estados.
De acuerdo con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Jan Jarab, se trata del “primer dictamen” de su tipo contra México.
Lo anterior fue dado a conocer este jueves en rueda de prensa en la que estuvo presente la afectada, Lydia Cacho, quien señaló: “Somos sobrevivientes de una tragedia nacional… Yo soy una sobreviviente de la tortura. Fui torturada y perseguida por la policía, gobernadores, senadores y gente protegida por la Presidencia de la República”.
También participaron Ana Ruelas y Leopoldo Maldonado, directora y subdirector de la organización no gubernamental Artículo 19, que trabaja en la defensa de los derechos de las y los periodistas, y que fue responsable de presentar el caso ante la ONU.
Además estuvo presente Ariel Rosales, editor del libro Los demonios del Edén, donde Cacho denunció la existencia de una red de pornografía infantil que trabajaba bajo el amparo de políticos y empresarios.
Expresaron que tuvo que ser a través de la resolución de la ONU que habrá de hacerse justicia a la escritora, toda vez que el Estado mexicano no lo efectuó.
Recordaron que, a la fecha, sólo un agente policial ha sido sentenciado por el delito de tortura, aunque ya transcurrieron trece años de que Cacho Ribeiro fue secuestrada y torturada, así como trasladada de Quintana Roo a Puebla en contra de su voluntad.
Las violaciones a los derechos de Lydia Cacho se dieron por instrucciones del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, en complicidad con el empresario Kamel Nacif, acusado de pederastia.
Jan Jarab también dijo que, en México, se siguen cometiendo los mismos atropellos: Tortura, violencia de género, detención arbitraria, ataques a la libertad de expresión, impunidad y colusión del poder económico con el poder político.
El informe establece la arbitrariedad de la detención de la periodista, así como el uso del aparato de la justicia para perseguir a defensores de derechos humanos, periodistas y cualquier persona que defiende la libertad de expresión.
Además, establece que la detención y tortura a las que fue sometida son consecuencia de lo publicado en su libro.
El representante de la ONU agregó que, durante el secuestro, quedó demostrada la discriminación de género, razón de la tortura y el trato sexualizado.
Cabe recordar que, meses después de la detención, se difundió un audio entre Mario Marín y Kamel Nacif que demostró su complicidad en la detención de la periodista.
La escritora dijo que seguirá luchando para que se castigue a quienes violentaron sus derechos.
Además del exgobernador de Puebla y del empresario, también está involucrado el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de acuerdo con lo que en aquel tiempo denunció la periodista.
Finalmente, Jan Jarab informó que la resolución tiene carácter casi jurisdiccional, es decir, con implicaciones mayores a las de una recomendación.
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