CIUDAD DE MÉXICO.- Con el voto de la panista Claudia Sánchez Juárez del Estado de México, el PRI logró 18 votos para aprobar la Ley de Seguridad Interior en la Comisión de Gobernación.
La oposición logró juntar 13 votos en contra, los cuales fueron de Morena, MC, PAN y PRD.
Se espera que la discusión inicie en breve en el Pleno, donde MC y el resto de la oposición presentarán reservas por considerar que la ley no sólo violaría los derechos humanos y generaría más violencia en el país, sino que, además, sería anticonstitucional pues el Congreso, según la oposición, no está facultado para legislar en materia de seguridad interior.
Esta mañana, la reunión pretendió arrancar cerca de las 9:00 horas en la oficina de la Comisión de Gobernación, sin embargo, ante el reclamo de integrantes de la agrupación social Cencos de estar presentes, y el rechazo de la oposición a que la discusión no fuera transmitida por el canal del Congreso, se tuvo de cambiar de lugar.
El debate fue a puerta cerrada en el salón de protocolo del edificio A, donde, además de los legisladores, se encontraban también camarógrafos de diversos medios de información, mientras que los integrantes de la sociedad civil y reporteros siguieron la sesión a través de una pantalla que se ubicó en exterior.
Durante la discusión, la diputada Carolina Viggiano, actual esposa del aún gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, pidió no politizar el asunto y le dijo al diputado Jorge Triana, del PAN, que esta ley es necesaria ya que no se ha podido discutir la reglamentación del artículo 29 de la Constitución, relativo a la suspensión de garantías.
Sin embargo, la oposición alega que con esta ley se va a militarizar aún más el país y se incrementará la violación a los derechos humanos.
El diputado del PRI Carlos Sarabia Camacho, militar retirado, mencionó que el Ejército ya está en las calles y no porque lo quiera; por ello, dijo, se le debe dar el sustento legal para su actuación.
Tras dar luz verde a la ley, los integrantes de la Comisión de Gobernación salieron por la puerta de atrás del salón de protocolo, para evitar dar la cara a los diversos colectivos de defensa de derechos humanos que se encontraban afuera.
Alfredo Lecona y diversos integrantes de la agrupación Colectivo Seguridad Sin Guerra, adelantaron que en caso de ser aprobada la ley en el Pleno de San Lázaro y en el Senado de la República, acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) para pedir que interponga un recurso de inconstitucionalidad y evitar así que la ley entre en vigor.
Una vez que se avaló la ley, integrantes de agrupaciones civiles que aguardaban en los pasillos, no dejaron de gritar a los diputados golpistas y violadores de derechos humanos.
CNDH advierte sobre riesgos
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había advertido sobre los “potenciales riesgos” de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para regular la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, de cara a su discusión en el Congreso.
La emisión de una ley de seguridad interior, en los términos que se plantea, señaló la Comisión en un comunicado, “contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional”.
En otro punto de su mensaje, la CNDH acusó que las fuerzas armadas han tenido que ejercer tareas de seguridad pública, por “la omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías”.
En el ámbito del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, continuó, los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad.
“Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”, indicó.
Otro de los puntos de riesgo, según la Comisión, es “la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.
La propuesta de ley, agregó la CNDH, “no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho.
Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de Seguridad Interior serían cuestiones que, bajo otra óptica se podrían considerar, como propias del ámbito de la Seguridad Pública”.
La discusión sobre la ley de seguridad interior, concluyó la Comisión, no puede ser producto de decisiones coyunturales o políticas.
“Tal y como este Organismo Nacional lo ha expresado de manera reiterada, sus contenidos deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos desde hace más de diez años. Una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”, apuntó.
La Ley de Seguridad Interior “dejó de ser solamente una valiosa propuesta, para convertirse en una imperiosa necesidad”, dijo este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto a un día de que la iniciativa priista para regular la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública fuera discutida por el Congreso mexicano.
Por otro lado, once organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, expresaron su “preocupación ante el avance de la Ley de Seguridad Interior o de las reformas legales que tendrían un efecto de militarización similar al que plantea”.
