CIUDAD DE MÉXICO.- En México, la obra pública es utilizada como motor de grandes desarrollos privados; muestra de ello es lo que ha sucedido en Santa Fe, en Metepec y recientemente en Texcoco, afirmó el ex procurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona.
En una entrevista, recordó que en 1987 hubo enormes pérdidas del sistema financiero, pero a su vez surgieron las grandes fortunas que hoy vemos, como la de Carlos Slim Helú.
Dentro de la gente que perdió fueron los propietarios de aquélla hondonada donde había basureros, de lo que hoy se llama Santa Fe. En aquél momento, el Gobierno Federal se quedó con todos esos terrenos a través del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval), que a finales de los 80’s era el hermano del Fobaproa“, explicó.
De esta manera, apuntó, “a partir de inmuebles que valían centavos y que el gobierno remató, se creó aquél gran corporativo que hoy todos conocemos alrededor del cual se ha construido un desarrollo inmobiliario residencial muy importante; es quizá una ciudad paralela a la Ciudad de México… Esos edificios enormes que hoy vemos en Santa Fe partieron prácticamente de terrenos regalados“.
Comentó que fue entonces cuando “muchos grupos empresariales importantes vieron la oportunidad de que la obra pública se convirtiera en promotora del desarrollo de zonas en las cuales se generaban fortunas importantes”.
A
demás, afirmó que el Grupo Atlacomulco y gente cercana a Enrique Peña Nieto compró extensiones importantes y desarrolló casas en lo que hoy se conoce como Metepec, donde pasará el Tren Interurbano México-Toluca.
La plusvalía se va a ir al cielo en toda el área de Metepec donde este grupo Atlacomulco invirtió… Todos los mexicanos contribuimos para que suban sus terrenos, a través de infraestructura tan importante, como la de este tren que se va a construir”, sostuvo.
Reyes Orona observó que muchos de los empresarios interesados en la construcción en el NAIM dicen que en la boleta de la consulta, organizada por el próximo gobierno, sólo ofrecía dos opciones: impunidad de quienes previeron ganar fortunas con el proyecto o grandes pérdidas en lo que ya se construyó.
Yo creo que la disyuntiva no es esa. Obviamente este es un alto en el camino, en el cual el gobierno federal va a poder revisar los contratos. La opción número uno no va a ser rescindirlos porque muchos de estos son de capacidad constructiva que se puede emplear aquí, en Santa Lucía o en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o incluso en el desarrollo inmobiliario que se haga en la zona de Texcoco”, expuso.
El martes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que no se pueden cambiar los contratos del NAIM por los de Santa Lucía, “porque se estaría violando la Ley Federal de Obras”.
Se tienen que liquidar los contratos actuales y lanzar nuevas licitaciones para las nuevas obras”, señaló.
Sin embargo, Reyes Orona reviró que “eso es totalmente falso, porque lo que el gobierno puede hacer es llevar a cabo convenios modificatorios con los constructores, que en este caso son los interesados, no los autonombrados representantes de la sociedad mexicana”.
Si tu le preguntas a los empresarios constructores van preferir mudar o mover el lugar a donde van a prestar sus servicios que entrar en un conflicto estéril con el Gobierno Federal, en el cual lo central sean los daños y perjuicios. Obviamente este señalamiento que hace Castañón lo hace en un ánimo drástico de presentar esto como el fin del mundo, cuando no lo es”, abundó.
