De 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor índice de crimen organizado de acuerdo con un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
El país se encuentra por debajo de República del Congo, que obtuvo el primer lugar; Colombia, que quedó en el segundo puesto y Birmania, ocupando el tercer sitio.
Los datos se obtuvieron de un análisis que toma en cuenta parámetros como presencia de grupos de tipo mafioso, actuación del Estado, mercados criminales como la trata de personas, tráfico de armas y delitos ambientales; y comercio de drogas naturales y sintéticas.
Sobre la realización de este índice, la organización de profesionales explica al crimen organizado como:
“Las actividades ilegales llevadas a cabo por grupos o redes que actúan de manera concertada, mediante la participación en actos de violencia, corrupción o actividades relacionadas con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material. Estas actividades pueden llevarse a cabo tanto dentro de un país como a nivel transnacional”.
México obtuvo 7.56 puntos de una calificación del 1 al 10 de menor a mayor nivel de crimen organizado.
Además de que la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional destaca que México alberga una serie de mercados de delitos ambientales, incluyendo la industria maderera, el tráfico de flora y fauna silvestres así como el tráfico de combustible.
El informe advierte que más de tres cuartas partes de la población mundial vive en países con altos niveles de criminalidad y en países con baja resiliencia al crimen organizado.
“Resiliencia es la capacidad de resistir y desmantelar las actividades del crimen organizado en su conjunto, en lugar de mercados individuales, a través de medidas políticas, económicas, legales y sociales. La resiliencia se refiere a las medidas que adoptan los actores estatales y no estatales en los países”.
Por lo que México fue calificado con bajos puntajes en materia de liderazgo político y gobernanza; transparencia gubernamental y rendición de cuentas; cooperación internacional; políticas y leyes nacionales; sistema judicial y detención; cuerpos de seguridad; apoyo a víctimas y testigos; y prevención, entre otros datos.
