CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) resolvió este viernes que el Estado mexicano es responsable por la tortura sexual que sufrió un grupo de mujeres en 2006 durante el operativo de seguridad en San Salvador Atenco, Estado de México.
El organismo determinó que las mujeres fueron violentadas durante su detención y traslado los días 3 y 4 de mayo de aquel año. Dichas violaciones fueron ejercidas por los tres niveles de gobierno: policía municipal, estatal y federal.
“Los hechos del caso se relacionan con los operativos realizados por la policía municipal de Texcoco y San Salvador Atenco, la policía estatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva (…) para reprimir las manifestaciones”, detalló la coidh en un comunicado.
Las mujeres violentadas, que interpusieron una denuncia contra el Gobierno de México son: Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez.
La coidh determinó que las 11 mujeres fueron violentadas física, mental y sexualmente por servidores públicos. Además, que recibieron un trato denigrante por parte de los médico ginecólogos al llegar cepreso.
“Quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual. Se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres víctimas del caso, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución”, señala el comunicado.
De esta manera, el organismo concluyó que el Estado mexicano uso la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones contra la construcción de un aeropuerto.
Finalmente, la Corte ordenó a México realizar medidas reparatorias en favor de las víctimas, además de sancionar a los funcionarios responsables por estos hechos. Además, se ordenó al Estado el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales.
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