El Congreso de Estados Unidos “cuestiona ya la eficacia de la Iniciativa Mérida” debido al desbordamiento actual de la “escala de violencia en México”, además de poner como ejemplos a Quintana Roo, junto con Tamaulipas, como los gobiernos estatales donde debe desactivarse “el lavado de dinero y la conspiración”, que llevaron al encarcelamiento de sus respectivos ex gobernadores Roberto Borge y Tomás Yarrington.
Tanto Borge como Yarrington establecieron vínculos con los cárteles de la delincuencia organizada internacional que deben desactivarse, explica un amplio documento reciente del Departamento de Estudio del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos titulado “México: Organizaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico”, y coordinado por el analista en asuntos latinoamericanos, June S. Beittel.
La Iniciativa Mérida (de la cual Quintana Roo se beneficia) es una asociación contra las drogas y el fortalecimiento del Estado de Derecho entre Estados Unidos y México, para lo cual el Congreso estadounidense ha proporcionado 3 mil 100 millones de dólares hasta el año fiscal 2020.
“Muchos analistas han observado la necesidad de más informes sobre los resultados de la Iniciativa Mérida para ayudar al Congreso a supervisar los fondos que tiene apropiado”, explica el documento del parlamento norteamericano.
El análisis oficial advierte que la participación delictiva de los gobernadores estatales, como Borge, con las DTO (cárteles internacionales), “es una ventana al alcance de la corrupción en las capas del gobierno y entre los partidos políticos en México”.
En 37 páginas, el informe destaca que durante la campaña presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que consideraría enfoques poco convencionales, como la legalización de algunas drogas. Sin embargo, varios observadores sostienen que la administración no ha emitido una política de seguridad efectiva o integral para combatir estos cárteles internacionales, más allá de las medidas para disuadir a los jóvenes vulnerables de cometer delitos.
La percepción ciudadana sobre la situación de seguridad en México parece haber empeorado en gran parte del país en los primeros meses de 2020. Otro estudio no gubernamental sobre el combate a la corrupción en la región, examinó la capacidad de 15 países de América Latina y el Caribe para descubrir, prevenir y sancionar la corrupción.
La clasificación de México se encontraba cerca de la mitad en la encuesta de 2020, pero se había movido poco con respecto al año anterior debido al magro progreso en las reformas institucionales a largo plazo y la baja independencia y eficiencia del sistema legal.
La Iniciativa Mérida, un programa bilateral de asistencia anticrimen lanzado en 2008, inicialmente se centró en proporcionar hardware a México, como aviones, escáneres y otros equipos, para combatir las DTO. El gobierno de Peña Nieto continuó con esos mismos programas. Sin embargo, el enfoque en la prevención del delito, que recibió una atención significativa al principio de su mandato, terminó prematuramente debido a los recortes presupuestales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en 2018, se comprometió a hacer de México una sociedad más justa y pacífica, a la vez de gobernar con austeridad. Durante su campaña hizo amplias promesas de combatir la corrupción y reducir la violencia, construir infraestructura en el sur de México, reactivar la compañía petrolera estatal y promover programas sociales.
Al respecto, el Departamento de Estado de Seguridad de Estados Unidos ha señalado algunos indicadores de éxito, como mejoras en el intercambio de inteligencia y la cooperación policial que han ayudado a capturar y extraditar a delincuentes de alto perfil. Pero la preocupación actual sobre la escalada de violencia en México y las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos han llevado a muchos a cuestionar la eficacia de la Iniciativa Mérida.
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