Este martes en la sección Cero Impunidad, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, informó algunas de las detenciones más importantes, pero también sobre los jueces y magistrados que han ayudado a delincuentes de cuello blanco y alta peligrosidad.
Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, Rodríguez Bucio mostró el caso del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, el cual dictó una sentencia absolutoria y libertad inmediata a favor de Alejandro “N”, acusado de abuso sexual, ya que a su consideración faltaron pruebas suficientes para justificar el abuso sexual a la menor.
El juez Óscar Saúl Cortés Ortíz cambió la medida cautelar a 4 procesados en Tijuana que habían sido detenidos en marzo de 2023. El juez suspendió una audiencia intermedia y de manera unilateral modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que había en contra de 4 personas procesadas por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.
La jueza Natividad Regina Martínez Ramírez otorgó un amparo a Antonio “N” acusado de participar en el homicidio de la periodista María Elena Ferra, para que el Juez de Control de Papantla deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de fecha 12 de diciembre de 2022 y emita uno nuevo en el que se establezca que no se acreditó la probable participación del diputado en los hechos.
Caso Lozoya
El subsecretario de Seguridad también mostró el caso de un magistrado y dos jueces federales que ayudaron a proteger y posteriormente a liberar a Emilio Lozoya, señalado de varios casos de corrupción entre 2012 y 2018.
El magistrado Juan Pedro Contreras Navarro otorgó un amparo a Emilio “L”, para dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada que había en su contra desde 2022 y subsistan aquellas medidas no privativas de libertad que le fueron impuestas inicialmente el 29 de julio de 2020.
Por su parte el juez Gerardo Genaro Alarcón López benefició a Emilio “L” excluyéndolo de su responsabilidad del pago por reparación del daño en el caso de Agronitrogenados
Mientras que la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República contra Emilio “L”, por la adquisición de un inmueble de más de 38 mdp de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble.
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