La organización Article 19 y la Red de Periodistas de Quintana Roo se pronunciaron en relación a las declaraciones del precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura, Roberto Palazuelos Badeaux, por sus discursos intimidantes, por lo que exigen evitar cualquier descalificativo al ejercicio de libertad de expresión y la labor periodística.
“La Red de Periodistas de Quintana Roo y Article 19 condenan los recientes discursos intimidantes y amenazantes emitidos por Roberto Palazuelos, precandidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, así como sus amenazas de acción legal contra la periodista Lydia Cacho”, señala el pronunciamiento.
Lo anterior luego de que el pasado 5 de enero el empresario y actor publicara en redes sociales una carta dirigida a la opinión pública en la que advertía “acciones jurídicas por la vía civil por difamación y calumnia” en contra de Lydia Cacho, además de advertir que había instruido a su equipo de abogados documentar toda la información que se arroja en medios de comunicación. “Con estas evidencias se procederá en contra de la señora para que responda ante la ley”, advirtió Palazuelos.
El pronunciamiento documenta también que casi un mes después, el 3 de febrero, en una entrevista otorgada al programa de espectáculos De Primera Mano, Palazuelos advirtió a “todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando eh, ahí traigo, no crean que no estoy apuntando, estoy apuntando y estoy tomando nota, ya llegará el momento cuando yo sea el titular del Ejecutivo que ajustemos cuentas”.
Para las organizaciones, estas declaraciones generan estigmatización sobre la función de la labor periodística, del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a recibir información.
“Calificar de ‘campaña sucia’ a los cuestionamientos de periodistas o de la población, implica frenar el flujo de información y mantiene una hegemonía sobre un solo discurso, disminuyendo a las voces críticas sin argumentos y sin debate”, consideran.
También resalta que las amenazas de inicio de acciones legales o de acoso judicial implican un efecto inhibidor en la cobertura de los actos públicos del político, ya que pueden ser considerados a criterio del político como “campaña sucia”.
“Por tanto, resulta preocupante que se emitan amenazas de inicio de acciones legales en un contexto electoral, que apenas empieza, sin considerar la obligación que tienen las figuras públicas de tolerar la crítica y el escrutinio, justamente por el carácter o proyección públicos”, concluye el pronunciamiento.
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