CANCÚN, Q. ROO.- Por considerarlo indigno de pertenecer al Gobierno Municipal de Benito Juárez, el Congreso Nacional Ciudadano (CGC) exige al presidente municipal, Remberto Estrada, que cese de inmediato al secretario del Ayuntamiento, Mauricio Rodríguez Marrufo, a quien se le adjudican una serie de inversiones en inmuebles millonarios, tanto en el estado como en el extranjero.
El abogado Moisés Araujo Olmos y su organización nacional, a través de un documento entregado a la Presidencia Municipal el viernes 03 de febrero, pide a al primer edil que el polémico Rodríguez Marrufo sea removido del cargo a la brevedad, porque “ante el escrutinio ciudadano es insostenible e inaceptable su permanencia al frente de tan importante responsabilidad”.
En exclusiva, planteó la demanda al portal de noticias ElQuintanaRoo.mx: “Mínimo que pida una licencia, es lo más decente. Es el segundo hombre más importante de la administración, es el que coordina todas las acciones de seguridad, es el que cabildea… imagínate, si el mismo Gobierno del Estado está diciendo que se le está investigando por un detrimento de más de 2 millones de pesos. Ante tales señalamientos, mínimo, mete una licencia y comparece”.
“El gobernador hizo una declaración a nivel nacional con Loret de Mola, donde hace señalamientos muy puntuales, y hace mención de una serie de ex funcionarios contra los cuales existen denuncias formales, y el comunicador le pregunta sobre el actual secretario del Ayuntamiento, y él dice que efectivamente también existe una denuncia en contra de él”.
En el documento se destaca que Mauricio Rodríguez Marrufo opaca, ensombrece y pone en tela de juicio la transparencia con la que se conduce la actual administración y se pide al presidente municipal una respuesta contundente en un plazo máximo de 15 días.
Además, se le hizo llegar una copia al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; al secretario de Marina, Vidal Soberón Sanz; al gobernador del estado, Carlos Joaquín González; al fiscal general del estado, Miguel Ángel Pech; al delegado de la PGR, Gerardo Mejia Granado, entre otros destinatarios.
