A dos años del peor desastre ambiental del país, los afectados señalan que aún no hay certeza de que el agua sea ser apta para el consumo humano
CIUDAD DE MÉXICO.- A dos años del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi, ocasionado por la mina Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México, los afectados siguen esperando la reparación de daños.
Los siete Comités de Cuenca han promovido nueve juicios de amparo contra la empresa minera y el Gobierno federal ante la afectación ambiental y a la salud de 22 mil personas.
Luis Miguel Cano López, abogado de la organización civil Poder, que acompaña a los Comités de Cuenca en el proceso, explicó que en los nueve juicios se exponen los incumplimientos y omisiones tanto de la empresa como de las autoridades federales.
Además, dijo, se evidencia que, a dos años del derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014, considerado el peor desastre ambiental del país, el daño no ha sido remediado.
Mediante los procesos judiciales, los afectados acusan que, contrario a lo anunciado por las autoridades federales acerca de que el agua del río Sonora ya es apta para consumo humano, no existe la certeza de que el afluente esté libre de metales pesados, debido a que no se cumplió con la metodología para realizar el monitoreo hídrico.
Alertan que de las 28 plantas potabilizadoras que se comprometió a instalar el Gobierno federal a lo largo del río Sonora, sólo opera una parcialmente, debido a que no cuenta con suministro eléctrico.
“No hay certeza de la calidad del agua. La gente no está tranquila y no la consume. Tiene que destinar recursos de su mermada economía para comprar agua embotellada”, refirió Cano.
Los afectados también acusan que la Secretaría de Medio Ambiente fue omisa al no solicitar un plan de manejo de residuos peligrosos a la empresa minera, y que, posterior al derrame, autorizó a Buena Vista del Cobre la construcción de una nueva presa de jales sin consultar a los habitantes de los pueblos afectados.
Respecto al Fideicomiso Río Sonora, por un monto de 2 mil millones de pesos para reparar el daño, se denuncia que es operado bajo una lógica clientelar, ya que se realizaron pagos discrecionales y, en algunos casos, por un monto menor al que las autoridades federales reportan.
“El Fideicomiso es un escudo protector para excusar de responsabilidad a la empresa”, criticó el abogado.
Otros juicios de amparo denuncian incumplimientos en la implementación del programa de remediación que autorizó la Semarnat a la minera y en el resarcimiento de las 55 irregularidades detectadas por la Profepa.
Francisco Ramón Miranda, quien encabeza uno de los siete Comités de Cuenca, urgió a las autoridades federales a implementar medidas que resuelvan el abasto hídrico y faciliten la atención médica a los pobladores.
“Acondicionaron como clínica una casa habitación, pero ya dejó de funcionar”, señaló.
Jesús Miranda, Alcalde de Baviácora, uno de los pueblos más afectados, reclamó el abandono a la población y la poca claridad en el manejo de los apoyos.
El Alcalde de Ures, David Gracia Paz, señaló que la mayoría de la población no fue indemnizada, y que, a quien le tocó el recurso, no le fue suficiente para atender el daño.
Para la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el derrame es un tema que atañe al Gobierno federal, y concretamente, a Grupo México.
“Es un tema eminentemente federal. Por eso mandamos un oficio, estamos esperando la respuesta de los secretarios a nivel federal, porque es un tema federal”, refirió en entrevista.
El delegado de Gobernación en Sonora, Wenceslao Cota Montoya, reconoció que hay pendientes que Grupo México no ha cumplido.
Indicó que, según se prometió en febrero, cuando se inauguró la primera planta potabilizadora en Bacanuchi, la clínica estaría para octubre y las plantas a más tardar en septiembre.
Fotos: Agencia Reforma
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