PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Luego de que el pasado 29 de julio se publicara en el Periódico Oficial del Estado con número 14 extraordinario 14 bis el acuerdo de extinción de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en Quintana Roo, se desató un descontento generalizado de la sociedad y de la clase política. Al respecto Cynthia Dehesa Guzmán, quien es enlace del Programa de Transparencia y Anticorrupción del equipo de transición del gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó que no hay información clara, aunque el vocero del Gobierno del Estado, Rangel Rosado Ruiz, afirme que no es una desaparición como tal, sino que se transforma en un tipo coordinación, “se desconoce bajo qué términos se está modificando o en qué se convierte, pues lo están haciendo de manera oscura, ya que la información no está fluyendo”.
“Se está tratando de conseguir la información. Desafortunadamente no se puede acceder a la información rápidamente desde el periódico oficial, sólo tenemos la comunicación que ha dado el vocero. Entonces es claro que se necesita principalmente haber más transparencia en todos los procesos de cómo se va a implementar la Ley de Transparencia, porque lo están haciendo de una manera oscura”, declaró.
Asimismo, la también directora general de Ciudadanos por la Transparencia (Citra) aseguró que “la desaparición de esta unidad puede entorpecer todo el proceso de transición del gobierno venidero. Es muy extraño que no haya información clara. Aún no se puede saber cuál va a ser el impacto de lo que está sucediendo”.
Cabe recordar que el Congreso Local de Quintana Roo fue de los últimos en el país en ajustarse al mandato de la Ley General de Transparencia que se emitió el pasado mes de mayo, y es hasta ahora que se decide eliminar la Unidad de Transparencia, justo a unos días de que se realice el proceso de entrega- recepción del gobierno y de la advertencia de auditorías a la actual administración.
Dehesa Guzmán afirmó que una de las acciones que realizará el equipo de transición es la elaboración de “un plan, donde una de las líneas y temas prioritarios es hacer efectivo el sistema de publicación de la información, de modo que el Periódico Oficial del Estado, la Gaceta, se publique inmediatamente en un archivo .PDF descargable, que sea accesible y gratuito para toda la sociedad. Este es el punto número uno que tendrá que hacer el gobierno entrante”.
La también promotora de la #Ley3de3 en Quintana Roo explicó que, “cuando no hay o no fluye la información pasan cosas como esta. Hoy todo mundo está en pánico porque no se sabe que está pasando con la Unidad de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en Quintana Roo y no hay nadie del gobierno del Estado que conteste qué pasa, sólo descalificaciones a personas que han opinado -como la diputada local electa Laura Beristain y la diputada federal Ivanova Pool”.
Es importante mencionar que las declaraciones de Ivanova Pool y Laura Beristain para reprobar la intención del gobierno del estado para limitar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, se realizaron luego que Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la asociación Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, enviara una queja al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO) para exigir que garantice el derecho constitucional de acceso a la información, esto debido a que el sitio de internet de la Unidad de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE) no permite realizar el registro de las solicitudes de información, como prueba están las capturas de pantallas con la leyenda de error.
Rangel Rosado, vocero oficial estatal, calificó dicha información como “distorsionada e imprecisa”, por lo que, a través de un comunicado explicó que la nueva Ley Federal de Transparencia promulgada en 2015 obligó a los estados “a crear sus propias leyes” en la materia “en apego a la federal”.
Señala que la necesidad de establecer “mejores criterios y parámetros que permitieran una mejor atención y más oportuna a cada una de las solicitudes de información y con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia se retoma la necesidad de homologación normativa y de criterios para que la información fluya en cualquier parte del país sin importar quien la solicite o consulte…”.
Además, indicó que “es importante enfatizar que la atención se sigue y se seguirá dando a través de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de la Gestión Pública, por lo que el Gobierno de Quintana Roo sigue trabajando en temas de transparencia y acceso a la información en apertura total a dicho derecho ciudadano.”
Por su parte, la diputada federal perredista, Ivanova Pool, reiteró que se está violentando la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además fue enfática al asegurar que solicitará al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que presente los medios de impugnación necesarios para garantizar que en la entidad exista una rendición de cuentas y transparencia.
“En cualquier parte del mundo, aprobar la desaparición de una Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, sin presentar públicamente su incorporación a otra instancia, se llama opacidad. Lo que ha caracterizado al gobierno de Quintana Roo y a sus funcionarios. Es sabido que jamás contestaron muchos temas referentes al endeudamiento público, el uso discrecional de los recursos públicos, los gastos en publicidad y comunicación social, entre otros”, afirmó a través de un comunicado.
A su vez, Laura Beristain Navarrete, diputada local electa, afirmó que esta dichosa ‘transformación’ a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en Quintana Roo, como asegura el vocero Oficial del Gobierno del Estado, Rangel Rosado Ruiz, es parte del “paquete de impunidad”, ya que este órgano es clave para realizar las investigaciones por los casos de corrupción que han sido señalados en esta administración.
“El acceso a la información es un derecho humano, plasmado en la constitución, en su artículo sexto se señala que tiene que ser un organismo autónomo regido por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública, atendiendo a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, lo cual en este momento no se está cumpliendo en Quintana Roo”, acotó.
Cabe mencionar que en la página web http://transparencia.qroo.gob.mx/portal/index.php se publicó un comunicado donde se señala que el personal adscrito a esta Unidad de Vinculación, disfrutará de su primer período vacacional correspondiente al presente año, sin dar acceso a las solicitudes de información.
En alusión a las declaraciones del vocero del Gobierno del Estado, Rangel Rosado Ruiz, sobre que ahora cada dependencia del gobierno tendrá una oficina de Vinculación de Transparencia, es importante mencionar que actualmente no existe presupuesto para que puedan operar, pues el mismo decreto de extinción del órgano de acceso a la información aclara que el reajuste al organigrama, así como las adecuaciones a los recursos financieros, materiales y humanos se tendrán que transferir a la Secretaría de la Gestión Pública en un plazo no mayor de 30 días, lo que mina los procedimientos de entrega – recepción de la actual administración.
Cynthia Dehesa, enlace del Programa de Transparencia y Anticorrupción, dijo “vamos a establecer los mecanismos para dar certeza a la ciudadanía para ejercer su derecho a la información, esto es prioritario, necesitamos contrapesos dentro del gobierno para evitar estas situaciones. Vamos a hacer lo propio con el Periódico del Gobierno del Estado, porque no es posible que durante los últimos tres meses no se pueda entender nada de lo que están haciendo y no permitan que tengamos la información precisa y verás en el momento”.
En este sentido, la presidenta electa de Solidaridad, Cristina Torres, afirmó durante los foros ciudadanos “Que Hable Solidaridad”, donde precisamente la temática fue Transparencia y Buen Gobierno, “estamos transitando a terrenos que intentan soslayar la obligación que tienen los gobiernos para ir con la transparencia, en este caso soy muy respetuosa de las decisiones de un poder, pero creo que el poder legislativo de nuevo se equivoca y vuelve el gobierno del estado a cometer errores con la desaparición de los órganos de transparencia, porque debe ser al contrario, debiéramos fortalecerlos. El marco de la nueva ley lo que se busca es robustecer tanto la transparencia como el acceso al información pública, en lugar de que parezca que las estamos soslayando”.
Deuda pública de Solidaridad
Sobre la deuda de Solidaridad por mil 30 millones de pesos, Dehesa Guzmán, afirmó que se está manejando como una restructuración, “volvemos al mismo problema, no hay información clara de lo que se pretende hacer con este crédito, para esto el equipo de transición de Carlos Joaquín tiene ya un grupo de abogados trabajando en ello. Si hay que tomar acciones legales, se harán en su momento”.
Agregó que “para el plan de transparencia y anticorrupción del gobierno entrante este tipo de situaciones se van a evitar si se cumple con una agenda legislativa abierta, es decir, que se publique con tiempo suficiente la agenda para que toda la ciudadanía lo sepa, que se den los dictámenes y toda la información previa, inclusive a los mismos diputados no les llega la información hasta media hora antes de que tienen la sesión, necesitamos que se reciba 48 horas antes, que la gente pueda participar. Son procesos que se tienen que abrir al publicarse la información para que la ciudadanía pueda actuar y prevenir. Sin duda el problema esta falta de información entorpece toda la transición de gobierno”.
Por su parte, la regidora de Solidaridad, Carmelita Cruz, afirmó que sobre la solicitud que hizo a la unidad de transparencia para obtener una copia del acta de Cabildo donde precisamente se aprobó el refinanciamiento de la deuda de este municipio, sólo ha obtenido negativas. “Me dieron una prórroga el 29 junio con fecha de término hasta el 13 de julio, ese día fui y me pidieron hacer los pagos para que me pudieran dar las copias y desde ese momento al día de hoy me dicen que de Secretaría General aún no han mandado la información a Transparencia”.
“Como funcionaria tengo derecho a conocer esta información, al igual que los ciudadanos, y he hecho uso de los medios legales sin obtener resultados, porque aún no me lo entregan, entonces qué puede esperar la ciudadanía. La ventanilla de Transparencia se la pasa diciendo que aún no ha llegado la información, es evidente que no lo quieren dar a conocer”, concluyó.
Fotos: Adriana Olvera
