CHETIMAL, Q. ROO.- El auditor superior de Fiscalización en el estado, Manuel Palacios Herrera, señaló que los recursos que son recuperados por el pago de fianzas y resarcimiento de los daños que han generado los ex colaboradores de la administración de Roberto Borge, van a un programa denominado: Fondo de Fortalecimiento a la Justicia.
Se trata de más de 11 mil 813 millones de pesos lo que se tiene como afectación al erario público por la pasada administración, de los cuales no se ha podido recupera ni el diez por ciento, ya que sólo ha resarcido el daño Mauricio Rodríguez, declarándose confeso para poder salir de la cárcel.
Explicó que la Auditoría Superior de Fiscalización ya concluyó su trabajo en materia de lo que mandató del Congreso estatal sobre las cuentas públicas 2015 y 2016 de la anterior administración y cuyos resultados fueron entregados oportunamente al Poder Legislativo y turnados los expedientes de demandas a la Fiscalía General de Justicia para actuar en consecuencia.
Hasta el momento, están detenidos el ex gobernador Roberto Borge Angulo; el ex candidato del PRI a gobernador y ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante; el ex secretario de gobierno, Gabriel Mendicuti Loría]; la ex directora de Recursos Financieros de la CAPA, Ana Alicia Rivera Galera; Víctor Hugo Loyola Corona, ex procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas; Paula González Cetina, de la CAPA, y Carlos Acosta Gutiérrez, ex director de Vip Saesa.
En libertad, pero aún bajo proceso, Erce Barrón Barrera, ex titular de Aapiqroo, quien autorizó la naviera de Barcos Caribe y concesionó a un particular el servicio en la Terminal Marítima de Playa del Carmen. También en libertad pero bajo proceso Paulina García Achach, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), quien garantizó el daño patrimonial con efectivo y propiedades.
Trascendió que son 84 ex funcionarios de la administración de Roberto Borge investigados por peculado e indebido ejercicio de la función pública y alguno de ellos ya con orden de aprehensión como es el caso de Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del desaparecido (IPAE); Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del IPAE; María de Lourdes Pinelo Nieto, ex secretaria de Roberto Borge; César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia y socio de la naviera Barcos Caribe; Fabián Vallado, ex delegado de Sedesol acusado de peculado y enriquecimiento ilícito; Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas, relacionado con el desvío de mil 464 millones de pesos.
En la lista aparecen también José Alberto Alonso Ovando, ex secretario de Educación y Cultura, quien tiene 11 propiedades distribuidas en Chetumal, Holbox, Cancún y Tulum; Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, ex secretario del Trabajo acusado de orquestar juicios laborales ficticios para despojar a hoteleros de Tulum; Carlos Rafael Muñoz Berzunza, ex secretario de Ecología y Medio Ambiente; Saúl Badillo Perry, por su negligencia que diera paso a la pérdida de 65 mil vacunas cuando fungía como Director de Servicios de Salud; Manuel de Jesús Marrufo Lara, ex coordinador administrativo de CAPA, acusado del desvío de mil 562 millones de pesos de la CAPA; Eliezer Villanueva Lanz, ex subsecretario de Finanzas, Edgar Méndez Montoya, presunto prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Angulo, entre otros.
