Cibiogem, Senasica y Poder Judicial no cumplen con su deber, denuncia la organización ambientalista. La siembra ilegal de soya transgénica queda impune
CANCÚN, Q. ROO.- La organización ambientalista Greenpeace exige la inhabilitación de funcionarios de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por actuar en contra del mandato de bioseguridad en materia de organismos genéticamente modificados.
En el marco de la COP 13 del Convenio de la Diversidad Biológica, Leydi Pech, apicultora de Campeche, denunció las irregularidades en el proceso de consulta pública como la parcialidad de las autoridades al pretender favorecer la opinión de dos grupos de productores soyeros de las comunidades de Dzibalchén y Vicente Guerrero (también conocida como Iturbide), así como proteger el cultivo ilegal de soya transgénica recientemente detectada en 336 hectáreas en 10 predios de Hopelchén y seis de Campeche, (305 y 31 hectáreas, respectivamente).
Tras la detección de estos cultivos, reconocida en dos informes oficiales del propio Senasica, las autoridades debían decomisar, destruir y sancionar administrativa y penalmente a los responsables, en estricto apego a la ley, pero eso no ha sucedido. La aceptación de la siembra de transgénicos es, además, una violación al mandato judicial (en este caso de la Suprema Corte de Justicia), pero también la confirmación de que el proceso de consulta está siendo vulnerado dada la incapacidad de las autoridades encargadas de establecer las medidas de bioseguridad y garantizar la no siembra de soya GM.
FUERTE CONDENA
“Es indignante que las autoridades administrativas, teniendo la obligación de aplicar la Ley de Bioseguridad – que en materia de sanciones comprende desde clausura de las instalaciones pasando por decomiso de semillas y equipos de cultivo, hasta la revocación del permiso de siembra de soya transgénica- esté dejando impune este caso”, acusó María Colín, asesora legal de Greenpeace México.
Frente a la recurrente violación a lo establecido en la sentencia de la SCJN, resulta preocupante la incapacidad e inacción del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Campeche para hacer valer dicha sentencia. En dos ocasiones se le ha solicitado al Juez que inicie el procedimiento de inejecución de sentencia dadas las irregularidades que se han generado en el proceso de consulta y que contravienen lo ordenado por la SCJN. Dos veces dicho órgano juzgador se ha negado.
En ese sentido, la credibilidad del Poder Judicial de la Federación está en juego. “De no tomar las medidas pertinentes el poder judicial exhibirá una debilidad impropia del poder encargado de administrar justicia en México y evidenciará que no existen mecanismos reales para garantizar la efectividad de los recursos y sentencias que resuelve la SCJN”, comentó Jorge Fernández, abogado de las comunidades mayas.
Foto: Rosario Ruiz Canduriz
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