CHETUMAL, Q. ROO.- A pesar de las pruebas contundentes -incluidos audios dados a conocer por medios locales- de que el presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) no era más que un títere del exgobernador Roberto Borge y que los magistrados electorales recibían “línea” para actuar, la Federación decidió protegerlos para que no rindan cuentas a la ciudadanía.
Este jueves la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Congreso local no tiene facultad para llevar a juicio político a los magistrados electorales Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, e instruyó a darle vista al Congreso de la Unión.
Dicha resolución prácticamente imposibilita a los órganos locales encargados de la fiscalización y revisión de las conductas de los servidores públicos de Quintana Roo, que puedan conocer y sancionar a dichos magistrados electorales, generándoles un manto de impunidad. Impunidad que fue instruida y defendida por los exmandatarios Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, quienes manejaban a modo el Teqroo.
Igual de grave resulta que la decisión del Tribunal no sea vinculante con el Congreso de la Unión, es decir, no mandata a que éste inicie el procedimiento de juicio político, sino que solo instruye se dé parte del caso, generando así una simulación jurídica.
Postura del Congreso local
Por su parte, el Congreso del Estado de Quintana Roo anunció que acatará las determinaciones del TEPJF ante la cual se promovió, por parte de tres magistrados electorales del estado, un juicio para la protección de sus derechos político-electorales a raíz de la demanda de juicio político que interpuso un Consejero del Instituto Electoral en Quintana Roo.
El Congreso del Estado lamentó profundamente, que con esta resolución se esté sentando un precedente legal que impide fincar responsabilidades a los servidores públicos, en este caso magistrados electorales del Tribunal local, aun cuando la sala Regional de Xalapa, del mismo Tribunal Federal, les acreditó haberse extralimitado en sus funciones en detrimento de las instituciones democráticas de nuestro estado de Quintana Roo.
El Congreso de Quintana Roo no aceptó los señalamientos presentados en la exposición del caso en el TEPJF en donde se acusa que el dictamen de la Comisión de Justicia y su aprobación por parte del Pleno del Congreso de Quintana Roo, son violatorios del principio de legalidad al ser considerados “actos de molestia emitidos por autoridad incompetente”, ya que cada uno de los pasos y determinaciones tomados a la fecha, fueron apegados a nuestro marco jurídico, tanto federal como estatal y también, derivado de una declaratoria de incompetencia que el propio Senado de la República hizo, en la que señala que es tema de competencia del Congreso de Quintana Roo para conocer el asunto.
“Por ello reiteramos que en cada decisión tomada en el Congreso siempre ha sido una premisa fundamental terminar con la impunidad y la corrupción que tanto ha afectado a la sociedad quintanarroense”, dieron a conocer.
“El Congreso del Estado de Quintana Roo esperará la notificación oficial que haga el TEPJF de la sentencia referida, a fin de conocer a detalle su contenido y a partir de ello, determinar las acciones legales a emprender”.
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