Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado Jefe de jefes y uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, promovió dos juicios de amparo para que se concrete el beneficio de la prisión domiciliaria que le concedió el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
El pasado 15 de septiembre se tenía programada la audiencia donde se colocaría al capo un brazalete electrónico, sin embargo se suspendió.
Ya qué, un juez de Jalisco le otorgó una prórroga a la Guardia Nacional para que estuviera en aptitud de implementar el operativo correspondiente de realizar el operativo y traslado de la Comisaría de Sentenciados del estado de Jalisco, al domicilio donde deberá ser ingresado inmediatamente para permanecer confinado.
Debido a ello la diligencia se programó para el 23 de septiembre, razón por la que la defensa de Félix Gallardo presentó la primera demanda de amparo, por no haberse materializado la sustitución de la pena de prisión.
El impartidor de justicia recibió una notificación del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales donde pidió dejar sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia del 23 de septiembre, porque la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el brazalete presentaba fallas.
Por lo qué, los abogados de Félix Gallardo promovieron una ampliación de demanda de amparo, por presunta tortura psicológica.
Gallardo, solicitó el beneficio de prisión domiciliaria argumentando que tiene 76 años de edad y por su grave estado de salud, ya que presenta discapacidad auditiva, visual y motora.
Cabe recordar que el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo.
En el proceso le dictaron 40 años de prisión por acopio de armas, cohecho y delitos contra la salud, en su modalidad de introducción ilegal al país de cocaína.
Gallardo se encuentra preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, dónde cumple la sentencia de 40 años, otra por 37 años de prisión, por haber ordenado el asesinato del agente de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), Enrique Camarena Salazar, en 1985.
