Le exigieron 500 mil pesos para archivar su presunta relación con la compra ilegal de 191 hectáreas de un predio ejidal en Yucatán.
CIUDAD DE MÉXICO.- Fiscales de la PGR pidieron un moche de 500 mil pesos para archivar una investigación contra Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas en Quintana Roo, por su presunta relación con la compra ilegal de 191 hectáreas de un predio ejidal en Yucatán.
El pasado 25 de agosto, la Visitaduría General de la PGR detuvo a Roberto Carlos Ríos, agente del Ministerio Público Federal, en el momento en que cobraba 50 mil pesos de “adelanto” a los abogados de Molina, en la Colonia Doctores, y hoy está sujeto a un proceso.
Pero la dependencia federal investiga a otros probables implicados, ya que hay indicios de que Ríos no era el único que buscaba vender la determinación de no ejercicio de la acción penal, según confiaron funcionarios federales.
Tanto Ríos como sus cómplices están adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia (UEIDCSPCAJ), organismo que será la base de la futura Fiscalía Anticorrupción.
La averiguación previa en la que trataron de vender una resolución ministerial, inició con una denuncia presentada el 26 de febrero pasado por el senador panista Daniel Gabriel Ávila Ruiz.
Además de quien fue colaborador del ex Gobernador Roberto Borge, el legislador también se querelló contra José Luis Carlos Santos, ex titular de la delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, y Antonio Cascio González, Alfonso Herrera García y Denali de Lourdes Cetina González.
Su denuncia señalaba que Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano del ex financiero de Borge, se hizo de la propiedad de un terreno en el ejido de Ulila, por el cual pagaron ilegalmente 32 millones de pesos.
El senador señaló que el ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo hizo uso de sus influencias para que su hermano obtuviera el terreno.
La PGR inició la carpeta de investigación FED/YUC/ PROG/0000114/2016 para indagar los delitos de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, y tráfico de influencias.
Fuente: Agencia Reforma
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