Por: Samuel Caamal
CHETUMAL, Q. ROO.- De acuerdo con el subsecretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado, Benjamín Vaca González, apenas este jueves 5 de noviembre fueron notificados de la sentencia de un juez, respecto a la comunidad rural Guillermo Prieto.
La sentencia emitida por un juez federal obliga al Poder Legislativo del estado a aprobar un presupuesto.
Con este se deben proveer recursos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para que provea agua potable a dicha comunidad.
Para ello, se fijó un plazo de tres días hábiles para cumplir la sentencia, de lo contrario, los legisladores podrían ser destituidos de sus cargos.
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Explicó que tiene conocimiento de que el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez hizo una convocatoria de la Comisión de Hacienda.
Así como tratar el asunto con el titular de la Comisión de agua Potable y Alcantarillado y saber cómo se establecerán los fondos en el próximo paquete fiscal para esta obra.
Precisó que se está dando trámite a la sentencia pero aclaró que “de autorizarse los fondos para la obra esta, se concretará para 2021″.
Hace unos días atrás, Benjamín Vaca había asegurado que no había ninguna notificación, aunque posteriormente el diputado Eduardo Martínez Arcila, desmintió a Benjamín Vaca y aseguró que la notificación de este caso se había hecho desde el 13 de octubre.
Pero el trámite se “congelo” en la Oficialía de Partes la cual, al parecer nunca notificó a los secretarios técnicos de las fracciones parlamentarias.
El abogado Andrés Blanco, representante legal de la comunidad de Guillermo Prieto, explicó que el amparo interpuesto por los pobladores de esta comunidad limítrofe con Campeche, causó ejecutoria para los efectos legales correspondientes.
Tras la notificación al Congreso del Estado, el pasado viernes 30 de octubre el juez fijó un plazo de 3 días hábiles para acreditar de manera fehaciente el cumplimiento del fallo.
El término que aparentemente venció el miércoles 4 de noviembre.
El abogado Andrés Blanco, resaltó que, al vencer el plazo fijado por el juez, los 25 diputados cayeron en desacato lo que causó un incidente de inejecución de sentencia.
El expediente ahora será turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aplicar la destitución de los legisladores.
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