Un juez federal giró una órden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, quien dejó el cargo hace 4 días.
Con base en el mandamiento de captura, por un delito con prisión preventiva de oficio, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para evitar la posible huída al extranjero del panista.
“La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la intervención del INM para la implementación de dicha medida, al existir una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada”.
Así lo estableció el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.
“Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada a través de los puntos de tránsito internacional”.
Cabe recordar que el 18 mayo de 2021, el juez de control Iván Zeferino Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó la aprehensión del exmandatario por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Sin embargo, García Cabeza de Vaca nunca fue detenido con este mandato de captura, gracias a que un juez federal de Tamaulipas le concedió una suspensión porque consideró que existía la duda respecto a si subsistía o no el fuero.
Fue el pasado 17 de agosto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló esa orden de aprehensión, al concluir que la FGR no podía ejercer acción penal contra el gobernador, porque el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar el desafuero aprobado en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021.
Dicho fallo de la Corte no fue un pronunciamiento sobre los elementos de la imputación ni sobre la responsabilidad o inocencia de García Cabeza de Vaca, por lo que dejó a la FGR el derecho a volver a judicializar el caso, una vez que el tamaulipeco dejara el cargo y ya no tuviera fuero, como finalmente sucedió.
La imputación contra el exgobernador se refiere a una triangulación de recursos públicos, a través de contratos de obra, que habrían sido empleados para que un empresario le comprara un departamento en Santa Fe de más de 42 millones de pesos.
