A partir del primero de octubre, las personas sin hogar en Florida no podrán dormir en espacios públicos como calles y parques, según una nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis. El proyecto de ley, conocido como HB-1365, busca dirigir a los sin techo hacia albergues establecidos por gobiernos locales, alejándolos de áreas públicas.
Esto se hace con el objetivo de abordar los campamentos de personas sin hogar y garantizar la seguridad pública en las comunidades afectadas.
La legislación establece que a partir del primero de enero de 2025, los municipios que permitan a personas sin techo acampar en lugares públicos podrán ser denunciados por personas, comercios o la fiscalía estatal. Además, los albergues a los que sean trasladados los sin techo deberán contar con la aprobación del Departamento de Menores y Familias del estado, y podrán proveer tratamientos contra las adicciones.
The lawlessness seen in “progressive” cities—sprawling encampments, open-air drug markets, and homeless people endangering themselves and others—is entirely preventable.
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 20, 2024
We won’t stand for it in Florida, and our action today is one of many steps we’re taking to keep our cities… pic.twitter.com/55XUuK95Nn
“Florida no permitirá que los campamentos para personas sin hogar invadan a sus ciudadanos o socaven su calidad de vida”, señaló DeSantis durante una rueda de prensa que ofreció hoy en Miami Beach, donde recientemente en virtud a una norma similar se han producido detenciones de desamparados que han rechazado acudir a albergues.
Durante una rueda de prensa en Miami Beach, DeSantis afirmó que la medida busca proteger a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. En la misma conferencia, el alcalde Steve Meiner respaldó la ley como un paso hacia “la ciudad del orden” en Florida.
Esta acción refleja la política de “ley y orden” promovida por DeSantis, quien ha sido reconocido como un líder republicano conservador.
La nueva normativa ha generado debate sobre cómo abordar la problemática de las personas sin hogar, especialmente en términos de acceso a servicios de salud mental y adicciones. Aunque algunos ven la ley como una forma de mejorar la seguridad pública, otros expresan preocupaciones sobre los derechos humanos y la efectividad a largo plazo de esta medida para abordar la falta de vivienda.
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